Hacienda publica en el BOE la orden para intervenir los pagos de Catalunya a partir del lunes

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Montoromanos

Imagen de archivo de Cristóbal Montoro.


El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado en el BOE este sábado 16 de septiembre el acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos por el que se adoptan "medidas en defensa del interés general" que le permiten asumir el pago de los servicios públicos fundamentales de Catalunya, como las nóminas, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales.


Se trata del acuerdo que anunció este viernes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por el que el Gobierno asumirá el pago de los servicios públicos fundamentales de Catalunya, como las nóminas, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales a cuenta del sistema de financiación autonómica.




El ministro Cristóbal Montoro ha explicado que el Gobierno ha tomado esta decisión "ante la situación de manifiesta ilegalidad" en que está incurriendo el Ejecutivo de Carles Puigdemont. 


Se trata, ha dicho, de un mecanismo "de control de pagos novedoso".


El ministro ha dejado claro que este sistema de control de pagos "no afecta al ejercicio de las competencias", pero sí se garantizará que ningún pago de esa administración va a una actividad ilegal como puede ser el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre.


Esta decisión incluye una apercibimiento al presidente de la Generalitat para que haga un acuerdo de no disponibilidad de gasto en relación con esas partidas y si no es atendido, será el Ministro de Hacienda quien lo adopte.


Hacienda da 48 horas al president de la Generalitat para que renuncie a controlar su presupuesto. El plazo da comienza cuando se publique este anuncio en el BOE. 


CERTIFICADO FIRMADO POR LA INTERVENCIÓN GENERAL


Además, la Generalitat deberá comunicar al Ministerio todos los importes que se pagan con cargo a los servicios públicos fundamentales --nóminas, Educación, Sanidad y Servicios Sociales-- a través de los informes de la interventora general de la Generalitat, quien deberá firmar un "certificado" de que no se está financiando nada ilegal con cargo al erario público.


Con estos datos, será el Gobierno quien realice directamente los pagos de las nóminas y de los gastos relacionados con Educación, Sanidad y Servicios Sociales que suman buena parte de los 1.400 millones de euros que recibe Catalunya cada mes con cargo al sistema de financiación autonómica.


Se trata de aplicar el mismo sistema que se había venido utilizando con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con el que el Gobierno paga directamente las facturas de los proveedores de las CCAA y los vencimientos de deuda. Estas facturas se cargan a la plataforma FACE de Hacienda y los pagos son liberados por el ICO.


Hacienda no tocará la partida correspondiente a los impuestos cedidos a Catalunya y que supone una recaudación de entre 240 y 250 millones al mes. "Ellos tienen una capacidad de financiación pequeña y en eso no entramos", ha expuesto Cristóbal Montoro.


Además, el ministro ha explicado que las operaciones de endeudamiento tanto a largo como a corto plazo deberán ser autorizadas a partir de ahora por Hacienda. Hasta el momento era obligatorio el permiso del Consejo de Ministros para las operaciones de endeudamiento a largo plazo de las CCAA acogidas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), las incumplidoras del déficit y la regla de gasto.


PIDE A LOS BANCOS QUE ACTUÉN


Junto a estas medidas, el Ministerio enviará el acuerdo del Gobierno a las entidades financieras para que no colaboren con actividades ilegales "como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero". Les insta a exigir que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General y si detectan que puede estar relacionado con el 1 de octubre "deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal".


Las medidas se publicarán al inicio de la próxima semana y comenzarán a correr los plazos y aunque Montoro no ha precisado durante cuánto tiempo estará el Gobierno controlando los pagos de la Generalitat, sí ha precisado que lo hará mientras "dure la situación de excepcionalidad" y mientras "se sigan negando a cumplir la ley y pongan en riesgo la prestación de servicios públicos, las transferencias a las familias y los pagos a la dependencia" que, ha añadido, se garantizan con las medidas que ha adoptado el Gobierno.


ELUDE EXPLICAR SI SE APLICARÁ EL 155


Cristóbal Montoro no ha querido precisar si, en caso de incumplimiento reiterado de la Generalitat, aplicará el artículo 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que prevé la intervención parcial de la autonomía, con acuerdo del Senado, en consonancia con el artículo 155 de la Constitución.


Sí ha recalcado que le parece "muy válido" que se mencione la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque es uno de los "principales vehículos" para adoptar las medidas acordadas hoy. Pero dijo que iba a centrarse en explicar estas medidas que, en su opinión, "es imposible que no se cumplan" porque cree que la Generalitat no pedirá que no se paguen los servicios públicos en su afán de incumplimiento con las normas estatales.


En este sentido, Montoro se ha preguntado "a quién le molesta el control de la legalidad" y "qué quiere hacer la Generalitat con el presupuesto si no es capaz de informar de que los están usando para pagar la Sanidad, la Educación o la dependencia...". "¿Qué es lo que están pensando pagar?", se ha preguntado antes de espetar: "esto es lo que vamos a evitar, las malas ideas".


"VAMOS A EVITAR LAS MALAS IDEAS"


Al ser preguntado si el Gobierno tiene conocimiento de cómo está financiando el Ejecutivo catalán el referéndum del 1 de octubre, el ministro ha precisado que a él no le consta que exista un "fondo de reptiles" y que eso sólo se puede afirmar desde el desconocimiento de lo que es el control presupuestario.


A este respecto ha explicado que hasta final de agosto tienen la seguridad de los datos que ha facilitado la intervención general, aunque ha matizado que él no se puede pronunciar a estas alturas si "puede haber habido un falseamiento de documento público" en relación con esos datos.



Lo que sí ha querido dejar claro es que tampoco puede haber ni un euro privado a pagar una actividad que es ilegal. "Un referéndum ilegal no puede tener ninguna financiación, sea pública o privada y eso es lo que estamos garantizando con estos mecanismos", ha apostillado.


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