El TSJC rechaza la petición de que Gordó no pueda salir de España por el 3%

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Germà Gordó declaró este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.


El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que se prohíba al exconseller de Justicia de la Generalitat Germà Gordó salir del territorio nacional como medida cautelar tras su declaración como investigado del jueves por el caso 3%.


Anticorrupción lo solicitó ante una eventual posesión de fondos en el extranjero, pero en una resolución de este viernes el magistrado Carlos Ramos asegura que no hay indicios de que el diputado tenga cuentas fuera de España, por lo que cree que la medida "carecería de apoyatura legal".


Los fiscales, con la adhesión de la acusación popular, también solicitaron que para conocer los datos que pudiera tener en su agenda Outlook se incautaran a Gordó los dos móviles que aseguró que usaba: el que tiene como diputado y el que utiliza como abogado.


El magistrado también ha rechazado esta medida: dice que el móvil que usa como diputado ya fue inspeccionado el jueves, cuando Gordó lo entregó, por un especialista de la policía judicial que concluyó que sólo tiene datos asociados a la agenda Outlook del Parlament, que ya fueron intervenidos en un registro en la Cámara catalana el 20 de julio.


Sobre el teléfono que Gordó utiliza en su profesión como abogado, el magistrado considera que "no existe indicios alguno de que pueda tener datos de interés para la investigación", según recoge en su resolución de este viernes.


Gordó -investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación- declaró el jueves durante unas cuatro horas en las que reconoció que se reunía con empresarios pero negó que fuesen encuentros para el cobro de comisiones para CDC.


"EL CONSEGUIDOR"


En una comparecencia en la que contestó a las preguntas de todas las partes, el ahora diputado no adscrito del Parlament justificó que, por sus cargos, tenía como regla reunirse con quien se lo pidiese, incluidos empresarios.


La Fiscalía, en cambio, considera que Gordó era "el conseguidor o el recaudador" de presuntas comisiones ilegales que empresas constructoras pagaban a Convergència a cambio de adjudicaciones de obra pública desde instituciones que controlaba el partido.

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