La fiscal acusa a 'Luigi' de ser el cabecilla y conseguidor de la trama Pretoria

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Caso Pretoria Audiencia Nacional


La fiscal anticorrupción Ana Cuenca ha estrechado el cerco en la figura del empresario Luis García, alias 'Luigi', como el cabecilla y conseguidor de la trama Pretoria que se juzga en la Audiencia Nacional, y ha dicho que el principal acusado extendía sus tentáculos a todos los ayuntamientos de Catalunya, especialmente al de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), que manejaba "como si fuera el propio alcalde".


La representante del Ministerio Público ha dicho durante la exposición de su informe final que 'Luigi', a quien aumentó su petición de ocho a 13 años de cárcel por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, actuó en connivencia con el exalcalde de dicha localidad catalana, Bartomeu Muñoz, para sacar adelante la conocida como Operación Pallaresa, modificando las adjudicaciones para que el proyecto recayera en manos de los implicados en la trama.


La adjudicación del proyecto de 2001 recayó sobre la sociedad Centre Comercial Gramanet, integrada por Proinosa (propiedad del acusado José Singla) y otras dos más, gracias a los informes favorables del técnico Luis Falcón, según ha recordado Cuenca, que ha pedido que se deduzca testimonio de las declaraciones prestadas por él mismo en el juicio en calidad de testigo al igual que del secretario del Ayuntamiento, Francisco Javier Ezquiaga.


De estos técnicos ha dicho que sabían "perfectamente" que había que manipular los informes -que considera "absolutamente parciales y de complacencia"-- para dar el visto bueno a la operativa y ha resaltado que siguieron adelante con sus planes pese a la negativa de la interventora interina en el Ayuntamiento de Santa Coloma en el momento de los hechos Maite Carol, que no quería a firmar favorablemente, lo que le llevó a convertirse en un "obstáculo" para los propósitos de los acusados.


PRÁCTICA CORRUPTA "GROSERA Y PALMARIA"


A tenor de la fiscal, la operativa por la cual se creó un centro comercial, un hotel y viviendas y que generó unas plusvalias de 18,6 millones de euros, tuvo un "claro perjuicio" para las arcas del ayuntamiento y dejó como beneficiarios a Luigi, que obtuvo 1,5 millones de euros, y el presidente de Proinosa, Josep Singla.


Ni él ni Manuel Dobarco, exresponsable e Espacio Público y Urbanismo del consistorio catalán y "cargo de confianza de Muñoz" fueron ajenos a los hechos, relata la fiscal en esta nueva sesión de la vista oral que arrancó en marzo.


Durante las cerca de cuatro horas que ha durado su locución, la fiscal Anticorrupción se ha referido continuamente a las escuchas telefónicas de los once acusados que obran en el sumario de la causa y que, según ha expuesto ante el tribunal, constituye un material probatorio que demuestran que la práctica corrupta fue "tan grosera y palmaria" que no genera dudas de la comisión de delitos penales.


Entre las grabaciones destaca la hecha al exedil de Santa Coloma en la que se refirió a la interventora Carol como "imbécil asquerosa" por negarse en 2009 a modificar los contratos urbanísticos.


COMISIONES ILEGALES POR INTERMEDIAR


La trama que juzga la Audiencia Nacional la integra, además de la Operación Pallaresa, la operación Niesma, desarrollada en el municipio de Sant Andreu de Llavaneres, y la recalificación de terrenos en el puerto deportivo de Badalona. En esta última, el cabecilla de la trama y exdiputado del PSC, cobró un millón de euros por su intermediación en el proyecto.


La fiscal no ha hecho referencia al papel en la trama de los exaltos cargos de la Generalitat en la etapa de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, quienes reconocieron en las primeras sesiones de juicio haber cobrado el 4 por ciento por mediar en las operativas juzgadas.


El acuerdo de conformidad alcanzado con la fiscal del caso hizo que se rebajara la petición de cárcel de seis a dos años cada uno por los delitos de tráfico de influencia y blanqueo de capitales.


La representante del Ministerio Público ha insistido en que ha quedado probado que parte de los acusados cobraron porcentajes de manera ilícita por intermediar en la trama y que dichas cantidades se pagaban "al día siguiente" de cometerse la mediación.

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