La Audiencia Nacional decide si deja en libertad a Sànchez y Cuixart

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Sànchez y Cuixart están en la prisión de Soto del Real.


La vista de apelación de apelación por los recursos que han presentado los presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, contra el auto de prisión de la jueza Carmen Lamela, se celebra hoy en la Audiencia Nacional. 


Los cinco magistrados que conforman la Sección Segunda se reunirán a partir de las diez de la mañana para decidir si admiten los recursos de los conocidos como 'los Jordis' y les dejan en libertad, o si, de lo contrario, consideran que deben seguir en prisión provisional.


A esta vista de apelación asistirán, además de los magistrados, un representante de la Fiscalía de la Audiencia Nacional así como los abogados de los investigados para que expongan sus argumentos a favor y en contra del auto de prisión que dictó Lamela el pasado 16 de octubre.


Tanto Sànchez como Cuixart habían solicitado asistir a esta vista de apelación, pero la Sala lo ha rechazado argumentando que nunca se contempla que los investigados estén presentes en este tipo de vistas, tan sólo su representación.


El Ministerio Público ya se ha manifestado en contra de que Sànchez y Cuixart salgan de prisión, ya que asegura que, "a día de hoy" -estando en la prisión de Soto del Real-, continúan "llamando a la movilización social para conseguir de las autoridades catalanas la desconexión forzosa de Catalunya".


VÍAS LEGALES


Según Fiscalía, tanto Sànchez como Cuixart eran "conscientes" de que esos días desarrollaron una "actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto y, en particular, de la norma fundamental de todos los españoles, la Constitución".


Los fiscales aseguran que el "llamamiento" que hicieron a la movilización mientras se estaban realizando los registros en sedes de la Generalitat"no era para realizar una concentración o manifestación pacífica.


Así, sostienenen que querían impedir que los miembros de la comisión judicial pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la ley e impedir el normal ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

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