La APM niega que los consellers cesados sean presos políticos y defiende la independencia judicial

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Los consellers cesados camino de la Audiencia

Los consellers cesados camino de la Audiencia Nacional


La sección de Catalunya de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha emitido un comunicado en el que defiende que la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, actúa con independencia e imparcialidad. Asimismo, los magistrados aseguran que los consellers cesados y encarcelados "no son presos políticos".


“La resolución por la que se acuerdan medidas cautelares contra los señores Oriol Junqueras y Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Dolors Bassa, todos ellos miembros del cesado Govern de la Generalitat, se ha adoptado por una juez independiente e imparcial, a petición del ministerio público, dentro de un proceso penal con todas las garantías, en el que se enjuician hechos y no ideas, siguiendo criterios legales y no de oportunidad política”, se dice en el texto.


El comunicado justifica la decisión de la juez de la Audiencia Nacional: “Hechos que provisionalmente, sin perjuicio de su enjuiciamiento definitivo, aparentan tener una gravedad extraordinaria, como tratar de subvertir el orden constitucional y declarar de forma unilateral la independencia de una parte del territorio nacional, utilizando para ello el dinero y las instituciones públicas, violando la Constitución y desobedeciendo abiertamente las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya”.


La asociación dice que las resoluciones se pueden y deben criticar y, por supuesto, recurrirse, pero reitera que lo que no se puede hacer es negar la independencia judicial y exigir que al Gobierno que ponga en libertad a los presos preventivos. “Lo que no se puede hacer, desde el respeto a la democracia constitucional, es negar la independencia judicial, desconocer la separación de poderes que existe en este país, para exigir al Gobierno, tan teatral como vanamente, que ponga en libertad a los presos preventivos, como si los jueces fuéramos sus lacayos y aquellos realmente presos políticos”.


Los jueces consideran que “ese comportamiento es especialmente reprobable cuando procede de instituciones o representantes políticos, que usurpando la legitimidad que la democracia les ha prestado, se arrogan el derecho a atacar directamente a los jueces y despreciar su independencia e imparcialidad, sin apreciar el valor que tienen como garantía de los derechos de los ciudadanos”.


El comunicado concluye indicando que “los partidos políticos, de los que los investigados forman parte, y los que les dan su apoyo en Catalunya o fuera de ella, critican de manera desaforada la actuación de la Juez de Instrucción desde la posición privilegiada que les otorga disponer de un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, pero en ningún momento presentaron una proposición de ley para modificar o suprimir del Código Penal los delitos que han llevado a los investigados a su situación de privación de libertad”.

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