Lamela admite a trámite la querella contra el Govern y mantiene la fianza de 6,2 millones

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Audiencia nacional

Lamela ha desestimado los recursos de Junqueras, Mundó, Bassa y Romeva. 


La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha confirmado la admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra el expresidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, y sus 13 consejeros por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.


Hechos que se imputan por la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), según explica el auto, por lo que también mantiene la fianza de 6,2 millones de euros impuesta a los investigados.


La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha desestimado los recursos de reforma interpuestos por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros de ERC Carles Mundó, Dolors Bassa, además de Raül Romeva, todos ellos en prisión incondicional desde el pasado 2 de noviembre. 


Les recuerda que los investigados eran "participantes" que efectuaron "su aportación al plan secesionista que habría de llevar a cabo la declaración unilateral de independencia".


FIANZA DE 6,2 MILLONES


En relación con la cuantía de la fianza, la juez insiste que aunque "la Intervención General de Catalunya haya certificado que sólo una pequeña cantidad de esa partida presupuestaria haya sido utilizada, no implica que no se haya sufragado el referéndum del 1-O con dinero público no destinado a estos fines". 


De hecho, recuerda la querella del Ministerio Público en la que se apuntaba a la exconsejera de Gobernación Meritxell Borrás adoptó las medidas necesarias para obtener los medios con los que poder celebrar la consulta.


Los recursos de los exconsejeros alegaban que sufren "una situación de indefensión evidente" y hacían hincapié en que "ni existe delito de rebelión, ni de sedición, ni malversación de caudales públicos, ni prevaricación ni desobediencia". 


Además, impugnaba la querella del Ministerio Fiscal en base a tres argumentos: la supuesta inexistencia de competencias de la Audiencia Nacional para instruir este caso; la supuesta irregular tramitación del procedimiento y la fianza de responsabilidad civil, que cree improcedente.


ESTRATEGIA ORGANIZADA


En su auto, la magistrada instructora explica que el hecho de que se esté ante una organización que trabajó para sacar adelante el denominado 'procés'.

Así, sostiene que "hace necesario la investigación y enjuiciamiento conjunto, valorando los actos ejecutados por cada uno de ellos y la calificación jurídica que puedan merecer".


Recuerda que los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista "perfectamente organizado y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas" como la Asamblea Nacional Catala (ANC) y Òmnium Cultural, cuyos líderes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, se encuentran en prisión incondicional investigados por un delito de sedición.


Los exconsejeros resaltan en sus escritos de oposición a la admisión de la querella que la Audiencia Nacional no es competente para los delitos que se le imputan. 


Sobre la responsabilidad civil impuesta -6,2 millones de euros para todo el Govern cesado, incluyendo al expresidente Carles Puigdemont-, el abogado de los exconsejeros lamentó que se haya pedido incluso antes de haber citado a los investigados y sin estar presente el letrado. 


Insistió en que la jueza "no explicita ningún argumento basado en razones para determinar la procedencia del aseguramiento de responsabilidad civil", una forma indirecta de sustentar la concurrencia de un supuesto delito de malversación.

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