El Govern cesado y 'los Jordis' prometen respetar la Constitución para salir de la cárcel

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Los consellers cesados camino de la Audiencia

Han aceptado el artículo 155. 


El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de los exconsejeros que están en prisión por su participación en el 'procés' han pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena su excarcelación.


Para ello han prometido respetar a partir de ahora el marco constitucional y han aceptado la aplicación en Catalunya del artículo 155 de la Constitución porque si fuera de otro modo, no se presentarían a las elecciones del 21 de diciembre.


Así lo han explicado fuentes de la defensa al término de las declaraciones de los exconsejeros y de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, quienes también han argumentado ante el magistrado que no existen razones para mantener contra ellos esta medida cautelar.


Los investigados no han dicho expresamente que acatan el 155, sino que aceptan su aplicación. 


"Desde el momento en que todos los miembros del Govern han decidido concurrir a unas elecciones, es obvio que se está aceptando la situación creada por la aplicación", ha explicado Jordi Pina, el abogado de los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull y de Jordi Sánchez.


Y los imputados han añadido, según Pina, que aunque no han mencionado expresamente su renuncia a las vías unilaterales, "es voluntad de todos" los exmiembros del Govern que se presentan a las elecciones que, si son elegidos, "actuarán dentro de los márgenes constitucionales y dentro de la legalidad vigente".


REFERÉNDUM PACTADO


Todos los investigados han abogado reiteradamente por el consenso de ahora en adelante y, en concreto, Raül Romeva ha apelado a la 'vía escocesa', es decir, un referéndum pactado con el Estado, para lograr sus fines, que todos han reconocido que es la independencia de Catalunya.


Esta ha sido la línea mantenida por todos los que han declarado hoy en el Supremo para pedir una revisión de las medidas cautelares que les impuso la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. 


RIESGO DE FUGA


Para la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el partido Vox, los argumentos aportados por los imputados no evitan que siga existiendo riesgo de fuga y de reiteración delictiva, por lo que han solicitado el mantenimiento de la prisión provisional para todos.


El Ministerio Público considera que ha quedado acreditado que existe una hoja de ruta y que no se trata de hechos aislados, sino que han integrado una organización y que continúan teniendo mucho poder e influencia. 


Además, el abogado de Vox, Javier Ortega, cree que también continúa habiendo riesgo de destrucción o alteración de pruebas.


Los exconsejeros y los líderes de ANC y Òmnium han sido trasladados a primera hora de la mañana desde sus respectivas prisiones hasta los calabozos de la Audiencia Nacional -el alto tribunal no dispone de unas instalaciones de este tipo-. 


Desde allí, la Policía Nacional les ha ido llevando en tandas de dos y han empezado a declarar sobre las diez de la mañana, en unas comparecencias que se han distinguido por su rapidez, ya que el magistrado hoy no debía abordar el fondo de la cuestión. 


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