ACM y FMC recurren la anulación del protocolo contra la pobreza energética en Catalunya

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PobrezaenergeticaUn juzgado de Barcelona anuló el protocolo en diciembre. 


La Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Federació de Municipis de Cataluya (FMC) han presentado un recurso de apelación contra la sentencia que anula el Protocolo de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética por un defecto de forma y de competencias. 


La titular del Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Barcelona, aceptó el recurso interpuesto por Endesa en un fallo del 4 de diciembre que respondía a una demanda presentada por la Agencia Catalana de Consumo, la ACM y la FMC.


La compañía eléctrica alegó que el protocolo es una disposición general de desarrollo de la Ley de pobreza energética de 2015, por lo que incurre en diferentes causas de nulidad por vulnerar competencias estatales


La titular del juzgado de lo contencioso administrativo 2 de Barcelona resolvió que el protocolo es nulo de pleno derecho, al sobrepasar las competencias autonómicas cuando prohíbe a las empresas cortar el suministro ante un impago.


Las entidades municipales defienden que el protocolo para evitar los cortes de agua y luz a familias en situación de vulnerabilidad "no se puede considerar una disposición de carácter general ni un acto administrativo impugnable".


Recuerdan que, pese a que la Generalitat hizo difusión del protocolo, se trata de una propuesta elaborada por una comisión de trabajo "que no ha sido aprobada mediante resolución administrativa, no está firmada por nadie, y no tiene carácter obligacional".


Los presidentes de la AMC, Miquel Buch, y de la FMC, Xavier Amor, han asegurado que el protocolo es una herramienta resultante del "compromiso del Govern y la representación civil e institucional catalana" para hacer frente a la pobreza energética. 


"Las entidades municipalistas lo que hacemos es defender este compromiso", han explicado sobre un protocolo que debía servir al mundo local para evitar que las empresas suministradoras de energía cortasen el servicio a los que no pudieran pagar.

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