El Supremo fallará el miércoles sobre los recursos contra la adjudicación de ATLL a Acciona

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Deszalinizadora atll

Planta deszalinizadora de ATLL


El Tribunal Supremo (TS) fallará esta semana sobre el litigio por la adjudicación de la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL), que la Generalitat adjudicó en 2012 para los siguientes 50 años a un consorcio liderado por Acciona y el banco brasileño BTG Pactual, que pagó 1.000 millones de euros por ello, y que ha sido impugnada por Agbar, la única competidora en el concurso.


Tal como adelentaba Catalunya Press, para el miércoles está fijada la votación y el fallo de los recursos de casación que se están valorando en el TS, como explicó el presidente de Agbar, Àngel Simon, esta semana en una conferencia en el Círculo de Economía, en la que se mostró convencido de que el alto tribunal les dará la razón y anulará la concesión.


Simon se refirió a esta cuestión como una "guerra de contratación", argumentando que el pliegue de la adjudicación no se hizo de forma correcta.


LITIGIO DESDE ENERO DE 2013


El litigio empezó en enero de 2013 --la concesión empezó el 1 de enero--, cuando el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC), adscrito a la Generalitat, emitió una resolución tras recibir recurso de Agbar, en la que consideraba que Acciona debería quedar excluida del concurso porque no había respetado los plazos temporales para realizar las obras de mejora que se establecían en el pliego de condiciones.


En su oferta, Acciona había presentado un plan para ejecutar unas obras de mejora en la red de distribución del agua en un tiempo superior al que fijaba el pliego de condiciones, de diez años como máximo.


Por vulnerar esta condición, se le valoró con un cero este apartado, y Agbar --que consiguió 51,25 puntos en total frente a los 87,73 de Acciona-- consideró que presentar una oferta que incumple el pliego de condiciones debería haber supuesto la exclusión directa de Acciona.


El Supremo asumió el litigio al recibir diversos recursos --entre ellos, uno de la Generalitat y otro de la empresa adjudicataria-- tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de julio de 2015, en la que anuló la adjudicación al considerar que hubo una contradicción en los términos en los que se planteó el concurso respecto al programa de obras.


El TSJC se refería a una aclaración que hizo la mesa de contratación a Agbar al preguntarle si se debía respetar el orden y secuencia de las obras, a lo que contestó que sí, aunque el pliego de condiciones del concurso establecía que el programa de obras tenía un carácter meramente indicativo.


El tribunal consideró que se produjo una infracción de los principios de publicidad y concurrencia antes de que los grupos que pujaban por la concesión presentasen sus ofertas, por lo que declaró que la anulación debía extenderse al conjunto del procedimiento de contratación.


INFORME DE LA OFICINA ANTIFRAUDE POR EL DESVÍO DE 13 MILLONES


Por otra parte, en febrero de 2016 la Oficina Antifraude de Catalunya presentó un informe en el que se indica cómo el Grupo Acciona habría desviado más de 13 millones de euros a través de un mecanismo de facturas cruzadas. El documento fue envido a la Agencia Tributaria, a la Fiscalía y a la propia Generalitat.



La CUP consideró que después del informe presentado por Antifraude sobre la gestión de Acciona en Aguas Ter Llobregat (ATLL), en la Generalitat tienen suficientes argumentos para quitarle la concesión a la empresa Acciona. Y así lo ha manifestado en unas declaraciones a Catalunya Press el diputado de la CUP Sergi Saladié, quien se muestra contundente sobre las acciones que debe adoptar la Generalitat sobre este tema y se muestra extrañado por la falta de control que la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha tenido sobre esta concesión.


ACCIONA EXIGE LA DEVOLUCIÓN DE 300 MILLONES DE EUROS


Acciona ya avisó de que en caso de que se acabara anulando el contrato, exigiría la devolución de los 300 millones de euros que abonó en el momento de la adjudicación como primer pago del canon concesional.


La concesión debía permitir al Govern ingresar otros 700 millones durante los siguientes 50 años, aunque el Gobierno central le autorizó a contabilizar en el ejercicio 2012 los 1.000 millones totales, una operación que junto con la privatización de Tabasa y Túnel del Cadí permitió a Catalunya cumplir con el objetivo de déficit del 1,5% de aquel año.


La ATLL lleva agua a las casas de cerca de cinco millones de personas del área metropolitana de Barcelona, y tiene entre sus principales activos la desalinizadora de El Prat de Llobretgat, aunque el concurso público establecía que las infraestructuras seguirían siendo propiedad de la Generalitat y solo se externalizaba la gestión de las mismas.

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