Condenan a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua a Cristina Fernández por corrupción

Un tribunal argentino ha condenado este martes 6 de diciembre a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por un delito de corrupción, en el marco de la conocida como causa Vialidad, aunque la sentencia aún puede ser recurrida.

Fernández había sido acusada de participar en una trama para defraudar al Estado a través de la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su gestión como presidenta (2007-2015) y la del expresidente y su marido difunto, Néstor Kirchner (2003-2007).

Asimismo, ha sido absuelta del delito de asociación para delinquir, por lo que la sentencia no ha sido tan amplia como esperaba los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que habían pedido para ella doce años de cárcel.

Fernández ha reaccionado acto seguido a la sentencia denunciando ser víctima de un "Estado paralelo" y de "una mafia judicial" y ha remarcado que cuando era presidente de Argentina no tenía ni "manejo de las leyes que son aprobadas" en el Legislativo ni "tampoco administra el presupuesto". "Como me habrán escuchado durante los alegatos, probé que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores. Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores", se ha defendido.

Además de Fernández, el Tribunal Oral Federal 2 también ha condenado a seis años de cárcel al empresario Lázaro Báez, cuya empresa, Austral Construcciones, recibió el medio centenar de proyectos que han sido investigados, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ha recibido la misma pena que la vicepresidenta. El resto de los 11 acusados han recibido penas de cárcel que oscilan entre los 3 años y 6 meses y los 6 años. El tribunal ha pedido también decomisar a los condenados 84.000 millones de pesos argentinos (unos 474.000 euros). Los jueces disponen ahora de un período de 40 días hábiles para dar a conocer sus argumentos, aunque podría alargarse debido a la cercanía de las fiestas navideñas.