El papel de David Madí en la guerra por el control de las ambulancias en Catalunya
Actualmente, seis empresas y uniones temporales de empresas (UTE) gestionan las ambulancias catalanas, encabezadas por Transport Sanitari de Catalunya, de la familia Bonomi, y la danesa Falck.
*Modificado por la redacción el 26/08/2022
Controlar el transporte sanitario en Catalunya, totalmente privatizado, sale muy rentable, son 2.000 millones de euros del herario público destinados a este servicio. Actualmente, seis empresas y uniones temporales de empresas (UTE) gestionan las ambulancias catalanas, encabezadas por Transport Sanitari de Catalunya (TSC), de la familia Bonomi, y la danesa Falck.
La adjudicación se realizó en 2015, y la gestión del transporte sanitario en Catalunya se dividió en 13 lotes, uno para cada territorio. La familia Bonomi, dueña también de Port Aventura, consiguió hacerse con 6 de los lotes a través de la compañía Transport Sanitari de Catalunya. Es la adjudicataria en tres de ellos —en Girona, la Catalunya Central y Alt Pirineu— y participa en otros tantos a través de UTEs en el área de Barcelona Ciudad, Alt Penedès, Garraf y Baix Llobregat, y el Maresme y el Barcelonès Norte. Un total de lotes que se traducen en una facturación total cercana a los 1.000 millones de euros asegurados hasta 2025.
Cabe reseñar que la familia Bonomi, accionista del conglomerado empresarial Investindustrial, vendió su participación en TSC a Real Assets Investment Management en 2021 sin esperar a la finalización de la concesión en 2025. Por lo que ahora esta parte del pastel sanitario catalan pertenece a este fondo de inversión independiente especializado en infraestructuras sociales
El segundo gran beneficiado, Falck, fue la adjudicaria del servicio de transporte sanitario en tres territorios: Hospitalet de Llobregat, el Vallès Oriental y el Vallès Occidental. De este modo, la empresa facturará aproximadamente 490 millones de euros hasta 2025.
La tercera compañía más beneficiada fue la UTE formada por Egara y Lafuente, adjudicataria de otros tres lotes: Lleida, del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. Esta adjudicación fue denunciada en 2016 por Ambulancies Reus, empresa que históricamente se ha encargado del transporte sanitario en Tarragona, siendo la adjudicatoria del servicio desde 1980. La pequeña operadora de Reus presentó una querella criminal contra cargos del SEM y Catsalut por los delitos de prevaricación administrativa, fraude y malversación, que finalmente no se materializó en ninguna condena para los acusados.
LA GUERRA ENTRE EGARA Y LAFUENTE Y EL PAPEL DE DAVID MADÍ EN EL ENTUERTO
En esta unión temporal entre Egara y Lafuente, que consiguió la adjudicación de tres lotes, es donde se puede observar mejor cómo funciona la competencia para dominar el negocio del transporte sanitario en Catalunya.
Poco antes de recibir la adjudicación, Ambulancies Egara, propiedad de la familia Simón, fue copada por directivos cercanos a David Madí, ahora empresario y anteriormente secretario de Comunicación del Govern de CIU. El objetivo fue claro: ahogar a su compañero de negocios, Ambulancias Lafuente, y quedarse con todo el botín.
El propio Govern, en ese momento controlado por Artur Mas, había mostrado interés en que las dos empresas concurrieran juntas al concurso, y el resultado fue nefasto para Lafuente, pues Egara, con mayor capacidad, era la encargada de recibir los fondos adjudicados por CatSalut y, según revelan algunos medios, dejó de pagarle. ¿El resultado? Lafuente se asfixió económicamente y no contaba con el dinero suficiente dinero para pagar a sus propios trabajadores.
Los directivos de ambulancias Lafuente intentaron arreglar este problema y parece ser que se reunieron con altos cargos del Govern de la Generalitat, y la única respuesta que recibieron fué que se trataba de un asunto privado entre dos empresas donde el Ejecutivo catalán no podía mediar. Sin embargo, el dinero con el que estaban jugando era público y, casualmente, existía una relación entre cargos del Govern de la Generalitat y Ambulancias Egara.
Lo más llamativo de esta situación es que el Ejecutivo catalán presionó para que ambas empresas se presentaran al concurso juntas, y luego no hizo nada para evitar que una canibalizara a la otra. ¿Casualidad? Quién sabe.
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