Luz verde para que los ayuntamientos puedan desahuciar pisos ocupados con problemas de convivencia

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles 8 de febrero una proposición de ley impulsada por Junts que permite que los ayuntamientos puedan iniciar procesos de desahucio de viviendas ocupadas en las que haya problemas de "alteración de la convivencia" y que sean propiedad de grandes tenedores (es decir, que tengan 10 viviendas o más), y que sean personas físicas o jurídicas que no se hayan hecho cargo de emprender acciones judiciales para su desalojo.

Tras el debate, la norma, que ha sido tramitada de urgencia por lectura única, ha contado con el apoyo de PSC-Units per Avançar, ERC, Junts y Cs, el voto en contra de CUP y comuns y la abstención de Vox y PP.

De hecho, el texto incluye enmiendas de ERC que recogen que en caso de que se produzca un desahucio como consecuencia de este proceso iniciado por los ayuntamientos (aunque también podrían hacerlo otras entidades públicas como la Generalitat), serán los consistorios quienes podrán "adquirir temporalmente el uso de la vivienda durante un plazo máximo de siete años" y deberá destinarlo a políticas públicas de alquiler social.

Fuentes parlamentarias han explicado que el texto inicialmente contemplaba que las comunidades de vecinos también pudieran iniciar por iniciativa propia el procedimientos de desahucio de viviendas ocupadas en las que hubiera problemas de "alteración de la convivencia", pero la norma finalmente no contemplará esta posibilidad.    

En concreto, la junta de propietarios podrá "denunciar los hechos al ayuntamiento de su municipio" para que este inicie el proceso de desahucio siempre que previamente haya un expediente acreditativo de que se han producido actuaciones prohibidas que alteran la convivencia y el orden público o que pongan en peligro la seguridad o integridad del inmueble.