Manifestación en Barcelona contra la "expulsión" de los vecinos el 12 de mayo

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La plataforma Barcelona no está en venta ha organizado una manifestación el sábado 12 de mayo para criticar la "expulsión permanente que sufren los vecinos" por parte de intereses y negocios privados inmobiliarios y turísticos, a los que señalará con acciones sorpresa, y reclamará a las administraciones un parque público de alquiler y regular los precios de los pisos.


Una treintena de entidades lideran desde Barcelona una movilización que también tendrá lugar en otras ciudades del Estado y de Europa, y que en la capital catalana reclamará hacer de Barcelona "un lugar habitable y no una forma de negocio", ha explicado en rueda de prensa este jueves el representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la ciudad (FAVB) Ancor Mena.


La plataforma, que surgió hace un año de una protesta en La Rambla de la ciudad, ha confirmado que también saldrán a la calle movimientos vecinales de Madrid, Málaga, Pamplona, Gijón, Sevilla, Granada, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Palma, Toledo, Nápoles (Italia) y Lisboa (Portugal).


La marcha saldrá a las 18.00 horas de Jardinets de Gràcia (Jardines de Salvador Espriu) en un recorrido que todavía no han querido hacer público y que hará acciones de protesta ante empresas, administraciones y partidos que consideran como los responsables de la situación y por ende, "enemigos" de los vecinos.


40.000 FAMILIAS AL AÑO


Los actuales "abusos" inmobiliarios convierten el alquiler como una forma de vida inestable e inasequible que afecta cada vez a más capas de la población y se extiende al área metropolitana, ha explicado la portavoz del Sindicat de Llogaters Irene Sabater.


Ha criticado que cada año terminan unos 40.000 contratos de alquiler en la ciudad, en la que calculan que hay unas 300.000 familias que viven en alquiler, ante lo que ha pedido que se modifique la ley de arrendamientos urbanos y se eviten así "desahucios invisibles", que no aparecen en las estadísticas porque consisten en la subida del precio del alquiler o la no renovación del contrato.


Detrás de esta situación hay "prácticas, decisiones e intereses muy fuertes", facilitados por poderes públicos ya sea por acción o por omisión, y ha deplorado los privilegios que tienen algunas sociedades mercantiles con prácticas especulativas, con fondos extranjeros y autóctonos que tienen grandes stocks de pisos.

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