La suspensión de diputados del "procés" para el ejercicio de cargo público hace peligrar la mayoría independentista

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Pleno del Parlament de Catalunya

La suspensión para el ejercicio de cargo público de los diputados  en la causa por el 'procés' que instruye  Llarena está próxima a su ejecución. El magistrado abordará a partir de este miércoles la respuesta a los recursos presentados contra su auto de procesamiento. Una vez sea firme, la suspensión es automática y coincidirá con el tramo final de la fecha límite para la repetición de las elecciones, el 22 de mayo. La medida obligará a los diputados afectados a renunciar a sus actas para que la mayoría soberanista se mantenga en el Parlament.


La firmeza de la decisión sobrevuela sobre los acusados con escaño desde el 23 de marzo, y el juez elevóa ocho el número total de presos en el procedimiento. Conservan el escaño cinco de esas personas: Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva. También son diputados Carles Puigdemont, y Toni Comín. Una vez el instructor se pronuncie sobre su decisión en reforma, debe hacerlo también la Sala de Apelaciones.


La suspensión se hará efectiva en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en que se recoge este supuesto para aquellos presos o huidos contra los que pese orden de ingreso en la cárcel y que estén procesados por rebelión, es decir, las siete personas mencionadas. 


La correlación de fuerzas en el hemiciclo catalán es la siguiente:  Ciudadanos cuenta con  36 diputados,  17 el PSC, 8 los comunes y 4  son del PP, un total de 65 escaños frente a los 66 de JxCAT y ERC. La investidura de cualquier candidato sin el apoyo de los 4 escaños de la CUP es imposible en la primera vuelta, que requiere mayoría absoluta, pero lo sería también en la segunda, donde se necesita una mayoría simple. Cada voto es imprescindible y cualquier maniobra para retener el acta abocaría al fracaso la designación de un candidato independentista. El magistrado del Supremo ha practicado durante las últimas semanas las declaraciones indagatorias de todos los procesados y cerrará este trámite este martes con las últimas comparecencias de Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila.


La suspensión no equivale a una pérdida del acta, pero sí a la imposibilidad de ejercer las funciones públicas aparejadas al cargo público, como la votación de iniciativas tales como las futuras investiduras. 


Esta suspensión en ningún caso impide que los afectados por la medida puedan presentarse a nuevas elecciones, pese a que no podrán desempeñar cargo alguno en caso de ser elegidos. La situación se prolongará hasta que haya sentencia, una vez se celebre el juicio. Entonces, y siempre que la sentencia sea condenatoria, a la suspensión le sucederá una previsible inhabilitación que  puede llegar ser de hasta 20 años.

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