​El Ayuntamiento de Barcelona compra la finca de Aragó 317 para destinarla a alquiler público

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Arago 317

Gerardo Pisarello (BComú)


El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este lunes la compra de la finca de la calle Aragó 317 en el Eixample -en su ejercicio del derecho al tanteo-, un edificio con 11 pisos, de los cuales cuatro están vacíos y con un local en la planta baja sin uso, para destinarlo al alquiler público.


El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha explicado en declaraciones a los medios que con esta compra "son 45 las viviendas del Eixample que el consistorio ha rescatado de operaciones privadas y de fondos buitres con la voluntad de destinarlas a alquiler social".


Esta adquisición responde al cumplimiento del Plan de derecho a la vivienda municipal, con el que prevé aumentar el parque público de la ciudad, y también a la voluntad del Gobierno municipal de impulsar "todas las iniciativas que estén a su alcance para garantizar el derecho a un piso".


Según Pisarello, la compra de esta finca ha multiplicado por cinco el parque público de vivienda en este distrito, y ha manifestado que Barcelona está librando una batalla contra la especulación "prácticamente sola, sin la intervención de la Generalitat ni del Gobierno".


Asimismo, ha exigido a todas las administraciones que respondan a sus obligaciones porque "son la Generalitat y el Gobierno del PSOE los que tienen más competencias en materia de vivienda, por esto el Gobierno municipal exige que afronten la situación de emergencia habitacional".


El Ayuntamiento tiene previsto destinar dos millones de euros a la adquisición de la finca -que comprará a la sociedad financiera Buildingcenter- y a la rehabilitación necesaria para cumplir con los requisitos de servicio público de vivienda.


Pisarello también ha mencionado que el narcotráfico en Ciutat Vella es consecuencia de "muchos pisos vacíos en manos de entidades financieras y fondos buitres", y ha asegurado que por parte del Ayuntamiento es prioridad recuperar el máximo de viviendas de este tipo para evitar la especulación y garantizar el derecho a la vivienda.

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