Llarena comunicará al Parlament la suspensión de los diputados presos

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Junqueras ep


El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, comunicará a la Mesa del Parlament la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público de los líderes independentistas que actualmente se encuentran en prisión preventiva.


Llanera comunicará dicha circunstancia legal a la Cámara catalana a los efectos de que este órgano el que ejecute la citada medida. La decisión del Supremo conllevará la suspensión automática para cargo público del líder de ERC, Oriol Junqueras, del ex presidente de ANC,Jordi Sánchez, y los ‘exconsellers’, Jordi Turull, Raül Romeva Josep Rull.


El Alto Tribunal da este paso en base al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde se sostiene que “en firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.


Para ser suspendido automáticamente de las funciones para cargo público se deben cumplir tres requisitos: haber sido procesado por un delito de rebelión, estar en situación de prisión preventiva y que dicho procesamiento sea firme. Esta circunstancia también hace que el expresident Carles Puigdemont quede fuera de la vida política de forma inmediata. Sin embargo, al encontrarse huido de la acción de la Justicia provoca que hasta que no comparezca ante el Supremo no se podrá producir esa suspensión automática para cargo público.


Por su parte, la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la ex consellera Dolors Bassa o el ex conseller Joaquim Forn ya renunciaron a sus actas de diputados durante la instrucción de esta causa.


Lo cierto es que compete al propio Parlament llevar a cabo dicha ‘inhabilitación’, tal y como informan fuentes jurídicas. Sin embargo, la decisión jurídica de Llarena no va a estar exenta de polémica ya que el president de la Cámara catalana, Roger Torrent, ya anunció públicamente que sopesaba desoír la decisión del Supremo y no ejecutar la misma acogiéndose al artículo 25 de la normativa de dicho órgano que establece que los diputados catalanes “pueden ser suspendidos si es firme el auto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el pleno del Palament lo acuerda por mayoría absoluta”.



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