¿El segundo mayor accionista del Banco Sabadell controla sus acciones desde Luxemburgo para pagar menos impuestos?

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David Martínez Guzmán


El multimillonario, Martínez Guzmán, segundo mayor accionista de Banco Sabadell acaba de reorganizar su participación en la entidad bancaria, valorada en 246 ME, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



Hasta finales de agosto el mejicano controlaba su participación a través de Winthrop Securities Limited, sociedad establecida en las Islas Vírgenes Británicas y ahora estas han pasado estar en manos de Fintech Europe, empresa radicada en Luxemburgo.


Su perfil discreto hace que la prensa de Méjico lo haya bautizado como el "inversor fantasma" y a pesar de ser consejero de Sabadell desde 2014, en la web corporativa del banco no constan fotos suyas.  Vive a caballo entre Londres y Nueva York e hizo su fortuna a través de la compra y venta de deuda de empresas y países a raíz de un préstamo de 300.000 dólares que le concedió su abuela para fundar Fintech Advisory en 1987. Desde entonces, ha participado en la mayoría de reestructuraciones de deuda soberana.


Ingresó en los Legionarios de Cristo en Roma, aunque solo duró un semestre.  Cursó su bachillerato en Roma , después volvió a Méjico para estudiar ingeniería eléctrica y posteriormente cursó un MBA en Administración de Empresas en Harvard.


En  Argentina es el máximo accionista de la compañía resultante de la fusión entre Cablevisión y Telecom y que será la primera compañía en ofrecer telefonía fija, móvil, internet y televisión en el país, donde competirá directamente con Telefónica y Claro, controlada por Carlos Slim, por un mercado de 44 millones de habitantes.


MUCHAS EMPRESAS TIENEN ACUERDOS CON LUXEMURGO PARA PAGAR MENOS IMPUESTOS


Empresas multinacionales tienen firmados acuerdos secretos con Luxemburgo que les permiten reducir drásticamente sus facturas fiscales globales pese a que su presencia en el Gran Ducado es testimonial. De esta manera estas compañías han desviado cientos de miles de millones de beneficios hacia el pequeño país centroeuropeo, una operación que les ha ahorrado miles de millones en impuestos, según la revisión de 28.000 páginas de documentos confidenciales realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ y un equipo de más de 80 periodistas de 26 países. 


Según publico El Confidencial, en noviembre de 2014, las grandes compañías consiguen enormes ahorros fiscales creando complejas estructuras legales y contables para mover sus beneficios desde los países donde tienen su sede o donde desarrollan su actividad a Luxemburgo, un país conocido por su bajísima imposición tributaria. De hecho, en algunos casos, han conseguido tipos efectivos inferiores al 1%.


Estos documentos fueron negociados por PricewaterhouseCoopers, una de las  las mayores firmas de auditoría y consultoría del mundo, en Luxemburgo en representación de cientos de clientes corporativos. Para que las empresas consiguieran las ventajas fiscales deseadas, PwC les diseñaba complejas estrategias financieras que comprendían préstamos de las matrices luxemburguesas a las filiales de otros países y otras estructuras para transferir beneficios de una parte de la empresa a otra con el fin de reducir o suprimir totalmente los ingresos sujetos al pago de impuestos.


En estos acuerdos aparecen empresas de todos los sectores,  entre las que se encuentran, muchas de capital riesgo, similares a Fintech Advisory, participada al 100% por Martínez Guzmán, la misma empresa a la que ha traspasado sus acciones del Banco Sabadell el "inversor fantasma" mejicano.


Según la legislación luxemburguesa, los asesores fiscales de PwC y de otras firmas podían presentar a las autoridades propuestas de estructuras societarias diseñadas para conseguir ahorros fiscales y firmar con ellas un documento escrito que les asegura que su plan será aprobado por el Ministro de Finanzas.  Estos acuerdos privados son legales en Luxemburgo, pero pueden ser objeto de disputas jurídicas fuera del país, si las autoridades fiscales de otros países los consideran inadecuados.





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