Divorcio total entre el Gobierno y los afectados por la talidomida

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Afectados talidomida


La Asociación de Víctimas de la Talidomia en España (AVITE) y el Ministerio de Hacienda no han llegado este miércoles a ningún tipo de entendimiento en relación al tratamiento fiscal al que estarán sujetas las ayudas que les corresponden y que están recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.


En la sede del Ministerio, representantes de ambas entidades, entre ellos la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón Rafael, han debatido en una reunión durante más de una hora, que se ha saldado nuevamente sin acuerdo, como sucedió con el anterior encuentro de AVITE con el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco.


"Es bastante decepcionante. Nos dicen que no hay nada contemplado. No saben el impacto económico que generaría. Su planteamiento es incoherente y sus respuestas absurdas y contradictorias. No ha habido respuestas a la pregunta de si hay voluntad política", ha lamentado en declaraciones a los periodistas el abogado y portavoz de la asociación, Ignacio Martínez.


Desde AVITE defienden que no van a aceptar ningún tipo de trato fiscal distinto al que han recibido los afectados de la talidomida en el resto del mundo, es decir: la exención fiscal total.


Recuerdan, como ejemplo, que las ayudas a otros colectivos en España como los contagiados por el VIH o la hepatitis C, los lesionados en accidentes de tráfico, las víctimas de negligencias médicas, de terrorismo, o cualquier indemnizado por un daño causado por la Administración Pública, están exentos.


Desde AVITE, sin embargo, inciden en que Sanidad y Hacienda defienden que la Ley del IRPF sí recoge a todos esos colectivos, pero no así a los talidomídicos. "Eso se podría arreglar con un Real Decreto-Ley en el que se nos incluya", ha reiterado el portavoz de AVITE, que tilda la situación de "rocambolesca".


Para poner en marcha estas ayudas, en cualquier caso, aún está pendiente el reconocimiento individualizado de los 548 afectados por parte del Instituto Carlos III de Madrid, cuyas primeras solicitudes se efectuaron hace ya un año.

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