sábado, 18 de septiembre de 2021

Podemos rompe con el Gobierno y tumba el decreto sobre los alquileres

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Una de cal y otra de arena para el Gobierno. La alianza de PP y PSOE ha logrado sacar adelante el Real Decreto Ley de subida de pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo por el que se revalorizan todas las pensiones un 1,6% y las mínimas un 3% y por el que se aprueba la subida del 1,25% de la base mínima de los autónomos.


Durante el debate de convalidación del decreto de pensiones en el pleno del Congreso, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha afirmado que esta es una norma que incluye medidas "de suma trascendencia" para los pensionistas y trabajadores de España, cuya situación va a mejorar en términos cuantitativos y cualitativos.


TUMBADO EL DECRETO DE ALQUILERES


Sin embargo, el veto de Podemos y ERC, sumado a la negativa de otras fuerzas en la Cámara Baja (PP, Cs, UPN, Bildu y Foro Asturias), ha derogado el decreto ley que aprobó el Gobierno en diciembre sobre la regulación del alquiler.


La norma, que amplió hasta los cinco años la duración mínima de los contratos, ha recabado el apoyo del PSOE, PDeCAT, PNV, Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canarias, pero esos votos no han sido suficientes para su convalidación.


Es el primer decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez que resulta derogado, todo ello a menos de un mes de que se debatan y voten los Presupuestos Generales del Estado de 2019.


Desde la Constitución, el Congreso ha tumbado cuatro decretos ley: uno de UCD en 1979 sobre la Junta Central de Acuartelamiento; uno del Ejecutivo de socialista de Zapatero sobre el impuesto al tabaco que cayó en 2006 por un error; otro del Gobierno Rajoy sobre estibadores en 2017, y este del alquiler.


¿QUÉ CAMBIA CON ESTA DEROGACIÓN?


La derogación del decreto supone el fin de todos los cambios impulsados por el Gobierno, tras haber elevado a cinco años la duración mínima de los contratos, que vuelve a ser de tres años. Asimismo, la prórroga tácita de tres años vuelve a ser de un solo año.


Otro de los cambios había sido la fijación de un máximo de fianza dos mensualidades y se establecía que los gastos de gestión inmobiliaria y la formalización del contrato recayeran en el arrendador en caso de tratarse de una persona jurídica.


Asimismo, permitía a los ayuntamientos destinar excedentes de tesorería en ayuntamientos con superávit a la promoción del parque de vivienda pública, eliminaba la obligación de repercutir el IBI al inquilino en alquiler social por parte de la Administración o entes públicos y entraba a limitar los alquileres turísticos.


En este sentido, permitía que una comunidad de propietarios, por mayoría cualificada de tres quintos, pudiera adoptar acuerdos para limitar o condicionar el ejercicio de la actividad del alquiler turístico de vivienda.

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