domingo, 24 de febrero de 2019

Denuncian el "aumento trampa" del salario mínimo en los centros especiales de trabajo

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Centro especial de trabajo


Desde el pasado 1 de enero, el salario mínimo interprofesional (conocido de forma abreviada como SMI) es de 900 euros brutos mensuales. Una de las primeras medidas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prometió fue una subida del SMI, que durante los últimos años había aumentado ligeramente pero no en la magnitud propuesta por Sánchez (165 euros más que el último SMI, un 22%).


Sin embargo, esta subida salarial no siempre se traduce en mejoras reales de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Es lo que han denunciado los sindicatos UGT y CC.OO. en el caso de los trabajadores de los centros especiales de trabajo.


En un comunicado conjunto, ambas organizaciones sindicales manifiestan que "se está transformando en una verdadera pesadilla y en una regresión de los derechos laborales y sociales de las personas trabajadoras con discapacidad".


SALARIO MÍNIMO A CAMBIO DE INCUMPLIMIENTOS DEL CONVENIO


Gran parte de esta involución se debe a que los centros que forman y emplean a personas con discapacidad no están dispuestas a afrontar un aumento del salario base de sus trabajadores. Según denuncian los sindicatos, o bien optan por amenazar con despidos individuales o EREs, o bien obligan a los trabajadores a trabajar más horas para cobrar los 900 euros brutos mensuales mínimos fijados por el Gobierno español.


Esta actitud "máscara modificaciones sustanciales de las condiciones laborales" de los trabajadores, que muchos centros esgrimen como única forma de salvar los puestos de trabajo.


Muchas de estas empresas --que los sindicatos recuerdan que se autodenominan como "sociales"--, obligan a compensar el aumento de salario con medidas que van en contra de los convenios colectivos, como restricciones de las vacaciones, permisos o períodos de descansos.


FALTA DE FONDOS PÚBLICOS


UGT y CC.OO. piden a los poderes públicos que se impliquen en el control de las condiciones de trabajo de estos centros, muchos de ellos financiados o subvencionados con fondos públicos.


"¿Nadie ha pensado en mejorar el control y la gestión de este tipo de empresas? ¿Se exige productividad y horas extras camufladas al que, por Ley, le está prohibido y se piensa depender sólo de subvenciones?", se preguntan los sindicatos .


Además, las organizaciones sindicales piden no sólo que la administración tenga cuidado que se cumplen los convenios, sino también que se implique en sufragar con aportaciones económicas parte de este aumento del SMI.


UGT y CC.OO. admiten que cuando se adjudicaron algunos contratos de servicios a centros de trabajo, no se previa un aumento tan significativo del salario mínimo. La propia Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña solicitó a principios de enero que la mitad del SMI fuera aportado por el Gobierno central.


Asimismo, desde el sector también se reclama a la Generalitat que se tenga en cuenta este esfuerzo adicional de aumento de los salarios en las cantidades generales que reciben de fondos públicos.

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