miércoles, 26 de junio de 2019

Juzgan a un alcalde de la CUP por delito urbanístico

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La Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona juzgará el martes y miércoles al alcalde de Navàs, Jaume Casals (CUP), por presuntos delitos sobre la ordenación del territorio y prevaricación al no actuar contra la construcción ilegal de una casa de turismo rural en suelo no urbanizable en Palau de Torruella.


Delito Urbanu00edstico Navu00e0s


Casals se enfrenta a tres años y medio de prisión, una multa de 6.000 euros y a la inhabilitación para ser alcalde u otro cargo electo durante 13 años, según el escrito de acusación de la Fiscalía.


También se sentarán en el banquillo de los acusados los dueños de la finca rústica destinada a turismo rural Els Elements, Jaume C.P. y Angelina R.J., por un presunto delito sobre la ordenación del territorio al haber impulsado la construcción de la casa, que pidieron legalizar fingiendo que iban a destinarla a la producción de plantas aromáticas.


El fiscal pide para ellos un año y medio de cárcel, una multa de 4.320 euros y la inhabilitación especial para dedicarse a la construcción durante dos años, además de que solicita la demolición de la construcción que impulsaron.


Según el fiscal, los propietarios de la finca rústica, de 7.388 metros cuadrados, promovieron por sus propios medios la construcción de una edificación de una planta en 2013, con unas características impropias para cualquier actividad agrícola o forestal, sin pedir ninguna licencia de obras ya que sabían que no se les podía otorgar porque era un terreno no urbanizable y clasificado como área de protección de actividades primarias.


En 2013, una dotación de Agentes Rurales detectó la construcción e informó por escrito, el 22 de marzo, de la misma al Ayuntamiento de Navàs, a quien solicitó un informe urbanístico.


EL ALCALDE TOLERÓ LAS OBRAS ILEGALES


El alcalde del municipio "toleró intencionadamente que aquellas obras ilegales pudieran acabar silenciando la infracción urbanística cometida por los acusados", permitiendo que se pudiera destinar a la actividad de turismo rural que sabia que se desarrollaba en la finca sin ninguna licencia municipal.


Abrió una fase de información tras tener conocimiento de la información de los Agentes Rurales sin adoptar "ninguna medida provisional inmediata de paralización", lo que permitió a los propietarios acabar las obras de construcción.


Asimismo, durante todo el tiempo que se tramitaron las distintas fases del expediente, el alcalde no adoptó ninguna medida para asegurar que se paralizasen las obras o para acordar posteriormente su demolición, y tampoco incoó ningún expediente sancionador hasta que la Fiscalía abrió diligencias.

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