miércoles, 24 de abril de 2019

El reglamento de la guardia urbana incumple la convención internacional sobre derechos de personas discapacitadas

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Manuel A. P.: exguardia urbano, 53 años y obligado a prejubilarse forzosamente de la Guardia Urbana por una incapacidad que, sin embargo, no le impedía seguir desempeñando una labor en el cuerpo. Esta es una situación que, tal y como denunció un exurbano recientemente, se da tristemente con más frecuencia de lo que debería.


Ahora, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) obliga al cuerpo policial a readmitir a Manuel para que desarrolle actividades secundarias, pues no está totalmente incapacitado para seguir trabajando en el cuerpo, aunque fuera de las labores policiales de calle.


Este fallo del TSJC podría abrir la puerta a que otros agentes o exagentes lleven su caso ante los tribunales para ver defendidos sus derechos laborales.


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UN REGLAMENTO QUE CONTRAVIENE LA LEGALIDAD INTERNACIONAL


El caso de Manuel ha sido puesto en conocimiento por el sindicato CSIF, que ha denunciado cómo la Guardia Urbana de Barcelona discrimina a los agentes que sufren una discapacidad y les despide obligándoles a jubilarse anticipadamente con la merma retributiva del 45%.


Asimismo, el sindicato ha explicado que el problema se encuentra en el propio reglamento de la Guardia Urbana, que es contrario a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tal y como ha comunicado Cocarmi (Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad).


En concreto, el reglamento establece una discriminación en la discapacidad sobrevenida de los efectivos que les impide pasar a segunda actividad, algo que sí pueden hacer agentes con grado de discapacidad parcial. 


Vicente Flores, agente expulsado con 31 años por una discapacidad sobrevenida, recurrió a Naciones Unidas y su empeño obtuvo un dictamen de 2 de abril que considera que fue discriminado por su situación de discapacidad cuando fue expulsado y no pudo acceder a una segunda actividad al aplicársele dicho reglamento.


Desde CSIF declaran que tanto la sentencia como el dictament son "pioneros" y emplazan al Ayuntamiento a rectificar el reglamento y adaptarlo en la línea que ya tienen Mossos, Bomberos y otras policías locales.

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