sábado, 17 de agosto de 2019

El Estado lleva al Constitucional el retorno de las pagas extra de los funcionarios catalanes

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El conseller de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha acusado al Gobierno de "querer dinamitar" el retorno de la pagas extras de los funcionarios catalanes llevándolo al Tribunal Constitucional (TC) .


Tribunal constitucional bandera


Puigneró se ha pronuniado así después de que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública remitiese el martes un requerimiento a la Generalitat en el que se advierte de que se han detectado elementos de posible inconstitucionalidad.


El departamento que dirige Puigneró ha indicado que el Ejecutivo central ha enviado un requerimiento para abrir un procedimiento de negociación sobre el decreto ley 3/2019, que establecía el retorno del 10% de la paga extra de 2013 este año, ha informado en un comunicado este jueves.


Ha señalado que el Gobierno considera que se han planteado "determinadas discrepancias" con los artículos 1 y 2 del decreto, y ha remarcado que la norma cumple con el acuerdo de la Mesa General de la Función Pública entre Generalitat y sindicatos.


"El señor Pedro Sánchez dice no a un referéndum, dice no a la autodeterminación y ahora dice no a las pagas extras de los trabajadores de la Generalitat de Catalunya. ¿Este es el voto útil del PSC?", ha alertado Puigneró.


También ha sostenido que "desde el Govern de Catalunya le decimos a Pedro Sánchez que defendemos y defenderemos los derechos sociales y laborales como derechos nacionales de este país".


GOBIERNO


Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública han explicado que el procedimiento que ha iniciado es habitual y se hace para evitar que se presenten recursos en el TC.


Han señalado que actualmente está abierto procedimientos similares en otras comunidades autónomas, como Canarias, Cantabria, Extremadura, Murcia y Asturias.


El procedimiento, fijado por el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del TC, abre un periodo de seis meses para que, en este caso, Gobierno y Generalitat lleguen a un acuerdo para modificar la norma y no se tenga que recurrir.

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