​Aumentan un 53% las quejas al Defensor del Pueblo relacionadas con la sanidad

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La Oficina del Defensor del Pueblo tramitó en 2018 un total de 849 quejas, un 53,25 por ciento más que el pasado año (554); de ellas, 629 fueron individuales y 195 agrupadas, y en 25 se actuó de oficio.


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Las quejas más frecuentes estaban relacionadas con la merma de la calidad de la atención, debido a "carencias humanas y materiales"; la situación de vulnerabilidad de algunos colectivos frente al copago farmacéutico, y la falta de facultativos, sobre todo en Pediatría y Atención Primaria.


Así consta en el Informe Anual 2018 que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha entregado este martes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y al presidente del Senado, Manuel Cruz. 


En él se observa que, como el año pasado, se ha producido un empeoramiento de la calidad en la atención especialmente en centros hospitalarios de menor tamaño, y han aumentando las quejas por las dificultades asociadas a la dispersión o a la ubicación geográfica y problemas relacionados con el transporte sanitario, tanto en su modalidad programada como urgente.


Respecto al copago farmacéutico, las quejas se dieron sobre todo por parte de pacientes que, a pesar de encontrarse en una situación de gran vulnerabilidad social y económica, tienen asignado un tipo de aportación farmacéutica igual a la de un trabajador en activo.


El informe recuerda que la situación de personas con un grado de discapacidad muy alto, incluso superior al 90 por ciento, para las que la legislación actual señala el deber de abonar el 40 por ciento de los medicamentos que precisan, no disponiendo apenas de ingresos propios. La Institución realizó en 2018 un seguimiento de las recomendaciones realizadas sobre este asunto.


Por otra parte, destacan las actuaciones realizadas por el Defensor del Pueblo en materia de listas de espera y en el ámbito de la Atención Primaria, principalmente en lo relativo a la falta de facultativos, tanto pediatras como médicos de familia.


Estas quejas reflejan desde la preocupación de los profesionales sanitarios por las condiciones en que desarrollan su trabajo, con particular incidencia en una dotación de recursos humanos insuficiente y en condiciones de precariedad laboral, además de otras cuestiones de carácter estructural y organizativo.


"Se trata de circunstancias arrastradas desde hace varios años, para las que las administraciones públicas no estarían ofreciendo la debida respuesta, a pesar de estar bien identificadas, cronificándose algunos problemas que hacen temer por un deterioro de la atención sanitaria pública", advierte el informe.


En opinión de la Institución, es "imprescindible" que todas las administraciones implicadas propongan de manera coordinada unas condiciones aceptables de trabajo para todo el personal que atiende en los centros de salud, consultorios o servicios de urgencias no hospitalarios, y promuevan, desde el ámbito formativo y de desarrollo profesional, "mejores condiciones de incentivo y de atracción para los distintos colectivos de profesionales".


Respecto al acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), y a pesar de la aprobación en 2018 de un nuevo marco legal, persisten dudas sobre el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria en determinados casos, como son familiares de ascendientes de españoles o residentes en régimen comunitario, o personas que se encuentran en estancia temporal en España como los estudiantes extranjeros.

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