lunes, 9 de diciembre de 2019

La dificultad para acceder a una vivienda es el origen de muchos otros problemas

Maria Assumpció Vilà i Planas
Síndica de Greuges de Barcelona


A pesar de ser un objetivo prioritario de la acción del Gobierno municipal, el acceso a la vivienda en la ciudad se encuentra entre los problemas que más preocupan a la ciudadanía, que ven como este acceso, sea de compra o de alquiler, se ha convertido en una misión imposible, no únicamente en la ciudad de Barcelona sino también a buena parte de los municipios de alrededor. Creo de vital importancia planificar y priorizar presupuestariamente, a través del Consorcio de la Vivienda con la Generalitat, la adopción de medidas destinadas a políticas sociales de vivienda que permitan alcanzar el objetivo de solidaridad urbana del 15% de viviendas principales en Barcelona antes del año 2027.


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Los problemas más destacados de la ciudadanía que se ha dirigido a la Sindicatura de Greuges durante el año 2018 los encuentran las personas a la espera de asignación de una vivienda de emergencia. Somos conscientes de la buena labor que se realiza para dar respuesta a las situaciones de pérdida de la vivienda. Las quejas recibidas son de personas que tienen aprobada una solicitud de vivienda de emergencia pero se encuentran a la espera de asignación dado que no se disponen de suficientes viviendas en el Fondo de alquiler social. Según los datos que facilita el Consorcio de Vivienda de Barcelona, a finales del año 2018 hay 442 expedientes valorados positivamente a la espera de asignación de vivienda. Nutrir suficientemente el fondo de alquiler social que debe dar respuesta a las situaciones de emergencia y en situaciones de vulnerabilidad social y económica es una recomendación reiterativa de esta Sindicatura.


Nuevamente se han dirigido a nosotros personas afectadas por la compra ejecutada por los fondos inversores del edificio donde residen. Ven como el cambio de propietario pone en riesgo su continuidad como residentes en el inmueble o los deja en una situación de desprotección. Recordemos la necesidad de una actuación municipal firme para hacer cumplir los propietarios sus deberes de conservación, que se recogen en la normativa de urbanismo y vivienda. El aumento del precio de alquiler de los pisos es una tendencia generalizada en Barcelona, por lo que hay que promover la reforma necesaria de la legislación de arrendamientos urbanos para controlar y limitar el precio del alquiler.


También detectamos incidencias en la adjudicación de viviendas de protección oficial. La notificación a la persona beneficiaria de la adjudicación para acudir a la cita concertada se produce a través de un operador postal que teóricamente deja un aviso de llegada al buzón del destinatario, pero los actos de este operador no disponen de la presunción de veracidad. Posteriormente se realiza una publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que no es un medio de consulta habitual de los ciudadanos y en algunos casos hay algún intento aislado de llamada telefónica, acciones que tildamos de insuficientes y poco fehacientes. Entendemos que hay que reforzar esta comunicación con medidas complementarias y otros medios, con el objetivo de asegurar que las personas han tenido conocimiento real de esta adjudicación provisional, ya que la falta de conocimiento real de este hecho puede significar un perjuicio irreparable del derecho básico de acceso a la vivienda.


La dificultad de acceder a una vivienda en Barcelona genera desigualdades sociales en la ciudad, que pueden ser determinantes en la vida de las personas. La exclusión residencial manifiesta su vertiente más duro cuando las personas en esta situación se ven obligadas a malvivir en la calle. El número de personas en esta situación en la ciudad (alrededor de 3.000 entre los que hacen uso de algún servicio de la Red de atención a Personas Sinhogar y los que duermen en el espacio público) no se reduce sino que tiende, al menos en los dos últimos años, a estancarse. Actualmente, los perfiles de estas personas son muy diversos, lo que ha supuesto también la visualización creciente de este col • lectivo. Estamos ultimando una actuación de oficio para valorar la eficacia del modelo municipal de atención a las personas sinhogar.


Los problemas para tener un techo en Barcelona también han contribuido a la existencia de asentamientos en la ciudad. La presencia de asentamientos es un hecho que, a pesar de los cambios socioeconómicos y demográficos, persiste en el tiempo, modificándose las causas que los originan, así como los colectivos que resultan afectados. Llevamos a cabo diferentes visitas a los asentamientos. Las condiciones de la vivienda y de la vida que se desarrollaban constituían una grave vulneración de los derechos más básicos, lo que no debería darse en una ciudad comprometida con los derechos humanos como Barcelona. Hay que seguir trabajando en la línea de reforzar las políticas sociales de alojamiento e inserción laboral de las personas empadronadas en la ciudad que no pueden disfrutar de los recursos de los residentes para dignificar la vida de la ciudadanía sin discriminación. En este sentido, es importante, como ya se está haciendo, que el consistorio inste otras administraciones a involucrarse en este problema y en la búsqueda conjunta de garantías de derechos para todas las personas.

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