'Cascada' de recursos contra el Gobierno por la quiebra de las autopistas

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Las constructoras y los bancos que controlaban las nueve autopistas de peaje quebradas y 'rescatadas' por el Estado están presentando una 'cascada' de recursos ante el Tribunal Supremo en contra de la fórmula que el Gobierno ha fijado para calcular la 'factura' que estas vías supondrán para las arcas públicas.


En virtud de dicho sistema de cálculo, aprobado el pasado mes de abril, se estableció que este importe no podrá superar los 3.305 millones de euros.


Desde su aprobación en abril y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en mayo, las exconcesionarias de estas vías han venido presentando ante el Alto Tribunal sus respectivos recursos contra esta estimación.


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El último de estos recursos, todos ellos ya admitidos a trámite, es el planteado por ACS y Sacyr, que participaban en varias de las vías, tal como publica el BOE de este lunes 29 de julio.


Este recurso se acumula a los ya presentados por la entidad austríaca especializada en financiación de infraestructuras Kommunalkredit, por Bankia y por Autopista del Henares, exconcesionaria de la radial R-2 participada por ACS, Abertis, Acciona y Globalvía.


En el último mes también ha recurrido Aucosta, exconcesionaria del tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera participada por Ploder, Globalvía y varias del las extintas cajas de ahorros, así como Ciralsa, exconcesionaria de la circunvalación de Alicante y controlada por ACS, Abertis y también Globalvía.


De igual forma, ha elevado su recurso al Supremo Accesos de Madrid, extitular de las radiales R-3 y R-5 y participada por ACS, Sacyr, Abertis y Bankia, y la Autopista Eje Aeropuerto, exconcesionaria de la M-12, que une Madrid y el aeródromo de Barajas, participada por OHL.

Con esta 'cascada' de recursos admitidos a trámite por el Supremo, las exconcesionarias de las vías quebradas muestran su desacuerdo con la fórmula ideada por el Gobierno para calcular la Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) ante estas vías.


Se trata del importe que, por contrato, el Estado debe pagar a estas empresas que construyeron y explotaban estas vías por las inversiones que realizaron en su construcción.


El actual Gobierno en funciones, ante la complejidad que supone su cálculo, se propuso comenzar esta tarea con el diseño de los principales aspectos a tener en cuenta y un sistema de cómputo.


DESCUENTO DE 300 MILLONES POR OBRAS DE MEJORA


En virtud de este sistema de cálculo, aprobado por el consejo de ministros del 26 de abril, establece que el importe a pagar será el "valor patrimonial de las obras realizadas y que no hayan sido amortizadas y de las expropiaciones que se hayan abonado", si bien no podrá superar un máximo fijado para cada vía que, en conjunto, suma el referido monto de 3.305 millones de euros.

Además, advierte de que restará los 300 millones que estima preciso invertir en las vías para que recuperen sus estándares mínimos de calidad.


Este importe máximo supera al de unos 2.000 millones de euros estimados por los dos últimos gobiernos, pero está lejos de los 5.000 millones calculados por el sector y los fondos que se quedaron con la deuda de las autopistas.


A pesar de todo ello, tanto el Gobierno como el sector dan por hecho que la determinación última de la 'factura' de la quiebra de estas vías para las arcas públicas derivará en un proceso judicial y la acabará fijando un juez.


Por el momento, la presentación de estos recursos supondrá dejar en el aire los plazos establecidos por la ley para abonar la RPA, fijados para este mes de julio tras aplazarse seis meses la fecha inicial del pasado mes de enero.


FOMENTO PAGARÁ "LO ANTES POSIBLE"


El Ministerio de Fomento trabaja para calcular y pagar "lo antes posible" la 'factura' que supone para las 'arcas públicas' la quiebra y el rescate de nueve autopistas de peaje, según informaron a Europa Press en fuentes de este Departamento sobre este importe, estimado en un máximo de 3.305 millones de euros.


La 'cascada' de recursos que las constructoras y los bancos que controlaban estas vías están presentando ante el Tribunal Supremo contra el sistema de cálculo de este importe aprobado por el Gobierno en abril no paraliza el proceso de estimación y pago.


Así lo indican en dichas fuentes oficiales que, además, señalan que las concesionarias no piden paralizar el proceso en sus recursos.


"En Fomento seguimos trabajando para determinar lo antes posible la RPA de las autopistas quebradas", indicaron dichas fuentes.


"Confirmamos que la presentación de los recursos no paraliza el procedimiento", añade el Ministerio.


De esta forma, Fomento proseguirá con los trabajos que viene realizando para determinar y pagar esta factura. El importe de la misma se ajustaría, al alza o a la baja, en función de lo que, en su día, determinen los tribunales.


DISTINTAS ESTIMACIONES


La factura que, por los extintos contratos de concesión de las autopistas, el Estado debe calcular y pagar es la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).


Se trata del monto a abonar a las exconcesionarias por la inversión que realizaron para su construcción.


La 'fórmula' para su cálculo que el Gobierno aprobó en abril establece un importe máximo de RPA para cada autopista que, en conjunto, supone el referido importe de 3.305 millones de euros.


Esta cantidad supera a la de 2.000 millones que venían estimando los dos últimos gobiernos, pero está aún por debajo de la de 5.000 millones que reclaman las concesionarias y los fondos que se quedaron con la deuda de las vías.

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