El fiscal pide dos años de cárcel por difundir datos de la letrada del juzgado del 1-O

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La Fiscalía de Barcelona ha solicitado una petición de condena de dos años de cárcel para un tuitero por difundir datos personales y la fotografía de la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, a través de las redes sociales, después de que declarara como testigo en el Tribunal Supremo.


En el escrito de acusación, remitido al Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona, que había abierto diligencias por este caso, el fiscal acusa a R.N.A. de un presunto delito de obstrucción a la justicia y otro de coacciones, y solicita además una multa de 17.100 euros.


El Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona abrió diligencias previas el 7 de marzo de 2019 después de recibir, en su guardia, una denuncia por parte de la propia letrada de la Administración de Justicia, por lo que el magistrado ordenó a los Mossos d'Esquadra que investigaran los hechos denunciados.


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Según el escrito del Ministerio Público, el investigado difundió el día de la declaración de la letrada en el Supremo, el 6 de marzo de 2019, el siguiente mensaje junto a una foto de la afectada: "Esta señora que no quiere que la vean está en el BOE su nombre DOÑA My DNI xxxxxxxxxademás de su foto en las redes sociales #JudiciTV3CatRadio #JudiciFarsa RT please".


El acusado lo hizo pese a que la sala Penal del TS había ordenado que la imagen de la secretaria no pudiera ser difundida al considerarla testigo protegido, y actuó "movido por la finalidad de lograr la mayor difusión posible de la imagen y aspecto de quien en tal fecha estaba declarando en condición de testigo protegida".


El tuitero, bajo su perfil, hizo este comentario, según el fiscal, para que la testigo "fuese objeto cuanto menos de insultos y escarnio tanto en redes sociales como en su vida privada".


El Ministerio Público recuerda que la letrada prestó declaración en calidad de testigo en la vista del juicio oral de la causa del proceso soberanista de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre "las circunstancias relativas a su salida de la Conselleria de Economía de la Generalitat con ocasión de la entrada y registro, judicialmente acordada, del día 20 de septiembre de 2017", cuando hubo registros de la Guardia Civil en un operativo para impedir el 1-O.


Por eso, pide para él una condena de dos años de prisión por delito de obstrucción a la Justicia del artículo 464.2 del Código Penal, además de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 8.100 euros, y además, por delito de coacciones del artículo 172.1 del Código Penal, solicita una multa de 9.000 euros.

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