viernes, 25 de septiembre de 2020

Tienes derecho a saber

José Molina Molina
Doctor en Economía y Sociólogo. Miembro de Economistas Frente a la Crisis y de Transparencia Internacional y expresidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia

La Transparencia ha llegado tarde a nuestro ordenamiento jurídico -pero el impulso de los ideales- de libertad de las mujeres y hombres de nuestra sociedad lo hizo posible. Ya es un hecho, hemos cubierto un quinquenio de implantación en donde lo más importante es que, a pesar de muchísimas dificultades, ya funcionamos. Existe un problema, su baja intensidad, cuando vivimos momentos de una situación de ansiedad por ejercitar canales para saber y analizar lo que ocurre, nos topamos siempre con una burocracia paralizante.


Con el agravante de, que el derecho a saber en momentos de crisis ha tenido un tratamiento igual que cualquier proceso de nuestro funcionamiento administrativo: suspendida su tramitación. No se ha tenido la sensibilidad y la sensatez -de valorar- que el contraste veraz siempre se convierte en un factor de mayor confianza y evita la radicalidad para analizar los hechos, porque solo se puede luchar contra las mentiras o la opacidad desde la información veraz e independiente.


El profesor Guichot -afirmaba recientemente- que no resulta ni operativo ni razonable que, durante una pandemia en que hay que concentrar las fuerzas en la gestión sanitaria y que nos afecta a todos, el conocimiento dependa de la obtención singularizada de información por un solicitante -antes al contrario- como establecen las normas de Transparencia y de Salud Pública, la información relevante debe ser puesta a disposición de todos por las autoridades motu proprio. Y, además, en formatos abiertos y reutilizables, de manera que refuercen las posibilidades de control social ante los poderes públicos.


Precisamos una normativa que nos conduzca a esa Administración Pública eficiente y de calidad para que nuestra economía se beneficie de este apoyo... ¡que falta nos hace!


La Transparencia es uno de los más eficientes indicadores de la calidad democrática de los Estados, porque cuando funciona a motu proprio, publicidad pasiva, es un punto de referencia evaluable muy positivamente en cualquier indicador porque el derecho de acceso a la información es prioritario y además no por casualidad se encuentra más desarrollado en los países con más fortaleza económica y democrática. Así por lo menos nos lo han ido poniendo de relieve las crisis.


La interdependencia entre Economía y Transparencia tiene un reflejo muy positivo en la forma de salida de las crisis. A más opacidad, más sufrimiento para los más débiles. Y está demostrado que la información genera un potencial en las instituciones y una fortaleza en la fiabilidad de las instituciones, cosa muy relacionada con las formas de valorar la economía de cara al futuro. La tasa de riesgo de los países habla en ese sentido. La Transparencia es rentable y asumir sus principios nos conduce a la excelencia. Y su principio básico consiste en una relación entre los poderes públicos y la ciudadanía.


TRANSPARENCIA



La Transparencia debe estar presente en todas las manifestaciones de cualquier poder del sector público o que utilice financiación pública, porque todos deben de sujetarse a sus principios. Distinguiendo que no es lo mismo información que expediente administrativo, pues puede existir información sin expediente y viceversa. El que no se haya configurado como un derecho fundamental, corresponde más a una estrategia política que a una interpretación jurídica. La vinculación del Derecho a Saber de los art 20.1 y 23.1 de nuestra CE es una vía de apertura del 105b, y el legislador partió de lo concreto “el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos” como si no existiese esa llave del derecho fundamental que nos abre las puertas de las Administraciones Públicas sin más restricciones que la defensa y seguridad y la intimidad de las personas. No es la primera vez que se construye iniciando lo primero “el tejado del entramado”.


Un gobierno transparente es aquel que ejercita una rendición de cuentas de todos sus actos, de sus decisiones, relaciones y cuantos pasos realice en el proceso de su gestión. Esto es esencial, porque se trata de dos conceptos íntimamente relacionados y por querer ampliar más el escenario de la gestión de lo público, hemos añadido conceptos como el “Gobierno Abierto”, “Ética Pública”, “Lucha Contra la Corrupción”, “Incompatibilidades”, “Estatutos de Integridad de los Funcionarios Públicos”, etc. Y se han confundido en estos casos lo que son preocupaciones propias de un Buen Gobierno, con lo que, en definitiva, son principios y desarrollos de un Derecho como el del Saber. Un derecho propio de las normas jurídicas y que debe ser estudiado en la Facultades de Derecho, cuando el Buen Gobierno y los demás conceptos corresponden más bien a materias propias de la sociología y los politólogos. Son perspectivas que caminan unidas, pero sin confundir las direcciones que cada una tiene desde sus fuentes de energía propias, una es el DERECHO, la otra es la POLÍTICA.


 El que no se haya configurado la transparencia como un derecho fundamental, corresponde más a una estrategia política que a una interpretación jurídica.


El profesor Martín, nos recuerda que la transparencia posee aplicaciones de carácter horizontal en otros sectores del ordenamiento jurídico administrativo, tales como la contratación pública o el medio ambiente y también se relaciona con los nuevos conceptos como la administración electrónica, pero nunca debemos olvidar que la ley regula los procedimientos para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública, no sin muchos y, en ocasiones, complejos trámites. Por ello, nos dice, se precisa de un sistema de control de legalidad fuerte, ágil y eficaz. Sin tales exigencias el ejercicio del derecho se resiente.


Es por lo que, en las conclusiones de este quinquenio de experiencias vividas, encontramos muy diferentes caminos entrecruzados entre ambas disciplinas. Desde mi experiencia, debo decir bien claro que esta mezcla de conceptos no ha beneficiado ni a las instituciones que lo han tenido que desarrollar ni, menos aún, a la ciudadanía que lo ha soportado. Muchas veces se ha solicitado intervención a los Consejos o Comisionados de Transparencia para asuntos en los que no tenían competencias y la ciudadanía lo ha recibido como si se les estuviera defraudando. El Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno estatal (CTBG) no tiene competencias en lo referente a Buen Gobierno. Y si no las tiene, ¿para qué colgarle el cartel? ¿Para despistar? La transparencia es examen que hace la ciudadanía a sus instituciones públicas para valorar si hay “un buen gobierno”.


El Derecho europeo y el internacional así lo ha entendido. Las organizaciones internacionales implicadas en la Transparencia lo tienen muy claro y los Gobiernos que lo han desarrollado con seriedad así lo han venido potenciando. Cuando se habla de Transparencia, es necesario enfatizar que lo hacemos de un derecho fundamental el Derecho a Saber. En cambio, cuando aludimos a Gobiernos Abiertos, Buen Gobierno, y todo aquello que representa una Nueva Gobernanza Pública, estamos utilizando conceptos de otra naturaleza, que desarrollan los gobiernos y sus políticas y que suben y bajan el tiempo que dura un gobierno determinado, como ha sido el caso de Barack Obama con la administración Trump. Y es que el Derecho continua su proyección independiente, las políticas de gobierno van ligadas a los programas de cada gobernante. Y no lo debemos confundir. Las políticas son alternativas a las necesidades de las personas. Si de estas se destilan derechos que perduran, estos pasan a formar parte del patrimonio de “la condición de ciudadanía”.


En conclusión, el Derecho a Saber responde a la exigencia de un ordenamiento jurídico con una relación directa entre la ciudadanía y las Administraciones Públicas, y no olvidemos que estamos hablando de tres niveles muy bien diferenciados, el estatal, el autonómico y el local. Cada uno de ellos tiene sus instituciones propias sometidas a un Derecho Administrativo vigente para todos, sin perjuicio de otras normas que inciden en su actuación, como puede ser por ejemplo la normativa que garantiza la Protección de Datos.


Una reforma de la ley existente, centrada en el ejercicio exclusivo del Derecho a Saber y un modelo regulatorio de su ejercicio que asegure su efectiva satisfacción. Se precisa... ¡YA! Sin olvidar un régimen sancionador efectivo, proporcional y con un sentido más educativo que recaudatorio. Precisamos una normativa que nos conduzca a esa Administración Pública eficiente y de calidad para que nuestra economía se beneficie de este apoyo... ¡que falta nos hace!

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