Los debates y pugnas internas del gobierno de coalición tras su primer año

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El PSOE y Unidas Podemos han logrado superar su primer año de Gobierno de coalición, y con unos nuevos Presupuestos aprobados, aunque los socios llegan a este aniversario inmersos en nuevas pugnas internas, como las que llevan protagonizado su relación desde el mismo mes de enero en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tomó posesión.



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No obstante, a pesar de las importantes discrepancias que mantienen sobre salario mínimo, pensiones o el papel que debe jugar la monarquía, el presidente Pedro Sánchez descarta por completo una ruptura de la coalición y garantiza una legislatura "larga y fructífera".


De hecho, los primeros cambios en el Gobierno en un año no son fruto de estas disensiones, sino que se producen en el ala socialista, tras la decisión de Salvador Illa de dejar el Ministerio de Sanidad, y con ello, la gestión de la crisis del coronavirus, para liderar la candidatura del PSC en las elecciones catalanas del 14 de febrero.


DISPUTA SOBRE SMI, PENSIONES Y MONARQUÍA

Doce meses después de tomar posesión el 13 de enero de 2020, y con la pandemia del coronavirus todavía presente, socialistas y 'morados' mantienen serios debates, que no han evitado hacer públicos, sobre la conveniencia o no de subir ya el salario mínimo o sobre la reforma de las pensiones defendida por el PSOE y que los de Pablo Iglesias rechazan.


Y a estas discrepancias, se suman sus visiones enfrentadas sobre la monarquía, que se han vuelto a poner de manifiesto tras las últimas informaciones sobre las presuntas irregularidades del Rey emérito Juan Carlos I y la postura que debe adoptar su hijo el Rey Felipe VI, y que han llevado a Unidas Podemos a volver a pedir abiertamente la república.


Todo ello, mientras el Gobierno sigue lidiando con una emergencia sanitaria, económica y social sin precedentes, que les ha puesto contra las cuerdas y les llevó a recurrir en marzo, por segunda vez en democracia, a la declaración del estado de alarma, entre duras críticas de la oposición.


Aún así, Sánchez despidió el año en su balance tras el último Consejo de Ministros de 2020 sacando pecho de la gestión "sobresaliente" de todos sus ministros. Es más, el jefe del Ejecutivo aseguró que la pandemia, al contrario de frenar su acción de gobierno, la ha "acelerado", hasta el punto de que van "con un semestre de adelanto" en el cumplimiento de sus compromisos --según el informe elaborado por el Gobierno, ya han superado el 23% de sus objetivos--.


El Gobiernos sí ha logrado cerrar su primer año con unos Presupuestos Generales aprobados, eso sí, gracias a su acercamientos a las formaciones progresistas, nacionalistas e independentistas que hicieron posible la investidura de Sánchez; es decir, sin Ciudadanos, y en detrimento de la apuesta por la "geografía variable" que prefieren los socialistas.


De este modo, la vía defendida por el vicepresidente segundo y líder de Podemos Pablo Iglesias de reforzar esa mayoría de la investidura, que incluye a ERC y a Bildu --que ha pasado de la abstención al apoyo--, se ha acabado imponiendo al pacto con Ciudadanos que el PSOE había defendido en numerosas ocasiones en los últimos meses.

MALESTAR EN EL PSOE POR EL ACERCAMIENTO A BILDU Y ERC

Este desenlace le ha costado al PSOE el resurgir de las críticas internas en el partido, por parte de quienes rechazan asumir a la izquierda abertzale como un partido más y un potencial socio de gobierno, o contar con los independentistas catalanes como aliado estable; un malestar al que han puesto voz 'barones' como el extremeño Guillermo Fernández Vara e históricos dirigentes como Felipe González.


Las declaraciones de Iglesias apelando a incluir a ERC y Bildu en la "dirección del Estado" no ayudaron precisamente a calmar las aguas socialistas, y fueron una muestra más de que Unidas Podemos no está dispuesta a seguir las indicaciones del PSOE, y mucho menos a mantener discreción con sus discrepancias.


Tanto es así que la fórmula de hacer públicos sus enfados para presionar a los ministros socialistas en las distintas negociaciones que se desarrollan dentro del Gobierno se ha convertido a lo largo de este año en un mecanismo habitual para intentar torcerle el brazo a Sánchez y cerrar acuerdos.


Así ha ocurrido recientemente con el decreto para extender la prohibición de los desahucios durante todo el estado de alarma, y para ampliar los casos afectados, que se aprobó en el penúltimo Consejo de Ministros tras semanas de tira y afloja e incluso acusaciones por parte de los 'morados' al PSOE de querer beneficiar a los "fondos buitres" con indemnizaciones.


Iglesias y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dejaron constancia visual de esta última pugna entre los socios, en una 'acalorada' conversación en los pasillos del Congreso de la que fueron testigos los informadores gráficos, y que acabó con la socialista pidiendo al líder de Podemos que no fuera "cabezón".


Tras la anécdota, los de Iglesias han dejado claro que se van a tomar al pie de la letra lo de ser "cabezones" y van a presentar batalla, por ejemplo, en el debate abierto sobre la conveniencia o no de subir de nuevo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que los socialistas rechazan por ahora, o el de las pensiones.


NORMALIZAR LAS DISCREPANCIAS, PERO SIN AIREARLAS

Aunque tanto el PSOE como Unidas Podemos restan importancia las discrepancias, y aseguran que se trata del funcionamiento normal de todo gobierno de coalición, lo cierto es que entre los socialistas es palpable el malestar que genera el comportamiento de los 'morados', y así lo han dejado ver públicamente en varias ocasiones.


Desde la ministra de Defensa, Margarita Robles, recordándole a Iglesias que el presidente es Sánchez y que le debe lealtad, a la portavoz Montero afeando esa mencionada costumbre de Unidas Podemos de airear las pugnas abiertas en el Consejo de Ministros.


Aún así, unos y otros defienden que su relación es buena y que lo importante de todo, a pesar de las disputas, son los resultados finales, de los cuales tanto el PSOE como Unidas Podemos tratan después de reivindicar como fruto de su esfuerzo, en nuevas pugnas sobre la paternidad de las medidas adoptadas.


Así ocurrió con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que aprobaron en plena pandemia como parte del escudo social para hacer frente a la crisis social, o con el propio decreto antidesahucios, que los de Iglesias reivindicaron como resultado de sus presiones.


Tras un año de gobernar en coalición, la primera discrepancia que surgió entre los socios pocos días después de tomar posesión el 13 de enero, sobre el alcance que debía tener la reforma laboral, planea ahora sobre el Gobierno con vistas a convertirse en una de las principales disputas entre socialistas y 'morados' en este 2021, junto a la del salario mínimo o las pensiones.


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