miércoles, 21 de abril de 2021

La liquidez de los ayuntamientos y CCAA en depósitos se dispara en pleno covid

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Los ayuntamientos siguen amasando liquidez en plena crisis. El volumen de depósitos de las administraciones públicas se disparó un 34% entre enero y noviembre, según los últimos datos del Banco de España. Así, alcanza un máximo histórico de 92.900 millones que están aparcados en depósitos bancarios, pese a que los bancos cobran comisiones por ellos ante los tipos negativos de hasta el 0,5% que impone el Banco Central Europeo (BCE). 


Según destaca Cotizalia, este aumento de liquidez se produce en plena crisis económica, provocada por la pandemia del coronavirus. El incremento de 23.500 millones en menos de un año se explica principalmente por el superávit acumulado durante años que no pueden gastar los ayuntamientos, que de hecho estuvieron meses en disputa con el Ministerio de Hacienda para que no se aplique la regla de gasto que impide a los municipios usar esta liquidez. Los datos mensuales del Banco de España están agregados por administraciones públicas. 


Para ir a las estadísticas desagregadas hay que remontarse al tercer trimestre, que no recogen un salto en esta liquidez de 16.300 millones que se produjo entre septiembre y noviembre. Pero en estas cifras ya se ve una tendencia al alza en comunidades autónomas y ayuntamientos, superando los 50.000 millones.


Esta hucha crece en plena crisis, lo que ha provocado una confrontación entre ayuntamientos y el Ministerio de Hacienda por los remanentes. Es decir, los superávit acumulados durante años sin gastar en su mayoría por la regla de gasto. En total, las corporaciones locales alcanzaron los 29.000 millones en septiembre depositados en cuentas corrientes de la banca. 


Fachada del edificio del Banco de España situada en la confluencia del Paseo del Prado y la madrileña calle de Alcalá.


Cotizalia señala que durante el ciclo de crecimiento previo al covid, los ayuntamientos fueron las corporaciones locales que más contribuyeron a reducir los desajustes fiscales para que España saliera del procedimiento de déficit excesivo (mayor vigilancia europea por tener un déficit superior al 3% del PIB). Esto se explica por la ley de estabilidad presupuestaria, que impide que los ayuntamientos tengan déficit, y por la regla de gasto, que se hizo famosa por el enfrentamiento hace dos años entre Cristóbal Montoro y Manuela Carmena. Esta regla fija una tasa máxima de expansión del gasto de un año a otro, calculada a partir de la evolución de la economía. En 2020 fue del 2,9%, con lo que aunque un ayuntamiento hubiera incrementado sus ingresos un 4%, no podría gastar todo lo recaudado. Por ello, los ayuntamientos han acumulado durante años remanentes que rozan ya los 30.000 millones.


Este montante apartado en cuentas bancarias por las que los bancos, en general, cobran dinero (el BCE penaliza a la banca su liquidez), ha enfrentado a los ayuntamientos con el Gobierno. En esencia, los municipios han pedido poder usar parte de estos remanentes, mientras que Hacienda planteó un mecanismo para utilizarlos. Paralelamente, los ayuntamientos también están enfrascados en la batalla por recibir una parte relevante de los fondos europeos. En septiembre, el Congreso tumbó una proposición de decreto ley del Ejecutivo para la cesión de remanentes desde los ayuntamientos al Ministerio de Hacienda, tras un acuerdo del Gobierno con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), liderada por el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero. Posteriormente, el Congreso aprobó en octubre la suspensión de la regla de gasto para 2020 y 2021, permitiendo a los ayuntamientos el uso de los remanentes para llevar a cabo medidas anticrisis. La medida supone el acceso a 12.000 millones, según cálculos de la FEMP, o 17.800 millones, según estimaciones de Hacienda. Mientras que el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha calculó que son 16.913 millones, con los ayuntamientos de Cataluña (2.598 millones), de Canarias (2.125 millones), de la Comunidad Valenciana (1.677 millones) y de la Comunidad de Madrid (1.357 millones) a la cabeza.


Las CCAA también "engordan" la liquidez en cuentas corrientes.


Los ayuntamientos no son las únicas administraciones que engordan la liquidez depositada en cuentas corrientes. También las comunidades autónomas, que alcanzaron los 21.800 millones en el tercer trimestre. Mientras que la administración central acumulaba 16.000 millones, en línea con los datos de trimestres anteriores. Por su parte, la Seguridad Social contaba con 10.700 millones. El grueso de estos depósitos está en entidades privadas. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) custodia 2.200 millones, el 2,4% de estos depósitos.


Más allá de las instituciones públicas, durante el último año ha habido un aumento del ahorro por precaución y por la reducción del consumo ante las restricciones de movilidad, disparando los depósitos de las familias hasta el máximo histórico de 899.900 millones en noviembre. La banca ha evitado cobrar a los hogares, pero sí lo hace con las empresas (salvo una vinculación comercial importante), que tienen 293.700 millones en depósitos bancarios. 


Las aseguradoras y fondos de pensiones cuentan con otros 27.900 millones, y los fondos de inversión con 33.600 millones. De esta forma, los bancos tienen reservas mantenidas en el banco central como liquidez por valor de 225.805 millones, según datos del Banco de España. 


Los tipos negativos del -0,5% penalizan en hasta esta cuantía la liquidez de la banca, para incentivar el crédito. Sin embargo, a través de las subastas de liquidez (LTRO) a largo plazo, con tipos de hasta el -1%, los bancos hacen arbitraje y generan ingresos por esta vía. La deuda de la banca española con el BCE alcanza los 260.673 millones.

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