miércoles, 28 de julio de 2021

​La sanidad privada reclama que las comunidades cubran los costes dedicados a la atención covid

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Un hospital privado de Madrid recibirá una compensación económica por haber puesto a disposición de la sanidad pública sus recursos para atender la primera ola. En cambio, uno de Castilla y León tendrá que asumir por sí solo los gastos. 


Crece la espera quirúrgica en la sanidad privada aunque se tarda menos en el especialista y en hacer pruebas

Imagen de archivo (EP)


Estos casos dejan al descubierto que el modelo autonómico es desigual, algo que la patronal de la sanidad privada (ASPE), denuncia desde hace meses. Tras un año de pandemia, cinco comunidades autónomas ya han optado por la vía judicial para pedir que se pague el uso de los recursos de la sanidad privada para el coronavirus. 


Y es que, los centros hospitalarios privados han asumido y asumen la atención sanitaria de más de 25.000 pacientes de COVID-19 hospitalizados y han atendido a unos 1.200 pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) llegando a duplicar estas unidades en zonas como Madrid y Barcelona.

"La sanidad privada ha vivido tres escenarios muy distintos: en primer lugar, se han encontrado los centros que han vivido la pandemia al 150 por ciento de su capacidad; asimismo en otras zonas se les ha utilizado como circuito limpio para que la red pública atendiera a los pacientes infectados; y por último, en aquellos territorios en los que la incidencia de infectados ha sido muy baja, la sanidad privada solo ha atendido pacientes COVID por derivación de las mutuas y aseguradoras sin que fuera necesaria la derivación por parte de los centros públicos", explicaban en mayo desde ASPE. 


La patronal elaboró un dictamen jurídico explicando qué pasos seguir para reclamar los pagos. Para ello, es necesario hacerse acopio de material probatorio, cuantificar los daños y poner la reclamación administrativa. Hospitales de Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucia ya están realizando estos trámites. 


Otras comunidades, como Catalunya, Madrid, Canarias y Baleares, sí han llegado a un acuerdo para recibir el pago de la puesta a disposición de los recursos. 



Y es que el 31 de marzo de 2020, el Gobierno ordenó a la sanidad privada que desprogramara toda la actividad sanitaria no urgente -su actividad de redujo más del 80%- y que pusiera sus recursos a disposición de la sanidad pública. Así, según denuncia ASPE, hasta 3.000 centros sanitarios pequeños llegaron a la insostenibilidad económica.  


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