Los "comuns" y el PSC piden explicaciones por la ayuda de 2.6 millones de euros a los gimnasios DIR

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La viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, en rueda de prensa.

Eva Granados, viceprimera secretaria del PSC, en rueda de premsa


La viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha pedido este lunes que el Govern dé "explicaciones rápidas" sobre los 2,6 millones de euros en préstamos a la cadena de gimnasios Dir, y el grupo parlamentario ha registrado diversas preguntas en este sentido.


"Como no queremos hacer ningún tipo de juicio de intenciones, lo que pedimos es que el Govern dé explicaciones rápidas" respondiendo a estas preguntas registradas, ha destacado en rueda de prensa Granados, que pide detallar los criterios de adjudicación.


Así, ha pedido al conseller de Empresa y Conocimiento, Ramon Tremosa, que responda a estas preguntas "cuanto antes mejor", para saber cuántas empresas han presentado solicitudes, qué criterios fundamentan la decisión y que prevé hacer el Govern con el resto de empresas.


La dirigente socialista y vicepresidenta del Parlament ha criticado que Catalunya no disponga todavía de un nuevo Govern y siga con uno en funciones, y ha añadido que también es "necesario que el Parlament se vaya poniendo en marcha".


Ha acusado a los partidos independentistas de dejar fuera de las negociaciones las cuestiones que más interesan a los ciudadanos, y ha agregado: "Parece que no tienen ninguna prisa" y, con este ritmo, no se podrán aprobar unos Presupuestos para 2021.


Granados ha recordado que los actuales son unos "Presupuestos prepandémicos" que cuando se aprobaron nacieron muertos, según ella, y ha señalado que no se pueden debatir unas cuentas si no se conocen ni los departamentos que tendrá el futuro Govern.


"Los actuales responsables del Govern en funciones, que parece que están negociando un Govern, no son conscientes de que cada día que pasa es una gran irresponsabilidad para los intereses generales de la ciudadanía", ha aseverado Granados.


"UNIDAD DE ACCIÓN PARA LA CONFRONTACIÓN"

Ha recordado que el PSC-Units ha pedido la comparecencia ante el Parlament del vicepresidente del Govern en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, y ha dicho que parece que los partidos independentistas están negociando, más que un ejecutivo, una "unidad de acción para la confrontación" sin proyecto de gobierno.


Les ha acusado de poner fecha de caducidad al diálogo con el Gobierno central; de privatizar el Govern bajo la tutela del Consell per la República, y de hacer de la confrontación el eje de su acción política: "En un momento de salida de la crisis, el mundo independentista se mira el ombligo y no se preocupa por los catalanes".


Ha confiado en que ningún partido esté pensando en repetir elecciones: "Lo que queremos es que haya un Govern lo antes posible", y ha recordado que el líder del PSC en el Parlament, el exministro Salvador Illa, quiere someterse a un debate de investidura para liderar un ejecutivo de izquierdas.


AYUDAS CON POLÉMICA

La concesión de 2.6 millones de euros a la cadena de gimnasios DIR ha levantado todas las alertas de PSC y en Comú-Podem. Ambos aseguran que ha habido “un trato de favor” hacia esta empresa, pues el propietario de la cadena es Ramon Canela, exsecretario de deportes y también de CDC. Además, este tiene un vinculo sentimental con una de las diputadas de Junts, Pilar Calvo.  Según Joan Mena, diputado de en Comú-Podem, "hay indicios más que razonables" para sospechar de esta concesión, ya que la familia Pujol siempre ha mantenido vínculos estrechos con la cadena de gimnasios, pues Marta Ferrusola, mujer de Jordi Pujol, fue la presidenta de la cadena.


No es la primera vez que la concesión de una serie de ayudas a empresas privadas o entidades públicas conlleva polémicas o la abertura de investigaciones judiciales. El gobierno de Ada Colau fue investigado por unas presuntas ayudas irregulares otorgadas a distintas entidades sociales. En este caso la fiscalía admitió a trámite una denuncia de la Sociedad General de Aguas de Barcelona que denunciaba una “subvención desproporcionada” valorada en 360.000€ a distintas entidades sociales. Además, también se denunció el pago de 500.000€ a Barcelona Regional por llevar a cabo distintos estudios sobre cuestiones que recaían en l’Área Metropolitana de Barcelona (AMB). 

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