La Generalitat reduce los recursos destinados a centros con alumnos vulnerables

A finales de mayo, las Asociaciones de Familias de Barcelona -AMPA Escuela Pere Vila, AFA Escuela Baixeres, AFA Escuela Alexandre Galí, AMPA Escuela Mediterránea, AFA Instituto Pau Claris, AFA Instituto Verdaguer, AFA Instituto Salvador Espriu y AMPA Instituto XXV Olimpíada- fueron informadas que el Departamento de educación ha decidido unilateralmente rebajar la catalogación de su complejidad y, incluso, algunos de ellos pasan a ser centros estándares. Esto supone un gran cambio en la dotación de recursos económicos y humanos, afecta gravemente la vida escolar y va en contra de la lucha por la igualdad de oportunidades para todos los niños y jóvenes de la ciudad. Las Asociaciones de Familias citadas antes denuncian que esta decisión no refleja la realidad educativa y socioeconómica de los centros en el contexto actual de emergencia social.

@EP

El Departamento de Educación cataloga algunos centros en alta, media o baja complejidad según el porcentaje de familias socialmente vulnerables que se atienden. Estos centros reciben recursos adicionales a los que reciben los centros estándar, de acuerdo con la resolución anual aprobada por el Departamento de Educación, y tienen unas ratios menores de alumnado por aula. La catalogación se revisa cada cierto tiempo para garantizar que ésta se adapta a los cambios demográficos y de composición de los diferentes centros educativos.

Pero la decisión actual del Departamento de Educación de bajar la complejidad de algunos de ellos, se basa en datos del 2018/2019, es decir, datos antiguos que no tienen en cuenta la situación socioeconómica de las familias hoy en día. Así, esta decisión desatiende las recomendaciones del Síndic de Greuges del Mayo 2020, plasmadas en el Informe 'Los centros educativos de elevada complejidad ante la crisis derivada de la Covid-19' donde se señala que: "El efecto confinamiento y la situación de crisis derivada de la pandemia del Covid-19 tiene un impacto especialmente significativo en los centros con elevada complejidad y acentúa sus necesidades de incrementar la dotación de plantillas (...) y también las necesidades de aumentar los gastos de funcionamiento de los centros, para consolidar sus proyectos educativos y garantizar la igualdad de oportunidades respecto al alumnado escolarizado en los centros que no tienen elevada complejidad".

Los centros firmantes celebran que haya escuelas e institutos a quien, por primera vez, se les reconoce la complejidad y que, gracias a la nueva tipificación, recibirán más recursos. Sin embargo, denuncian que la situación de todos los centros que ya tenían un nivel de complejidad elevado, han visto empeorar su situación durante la pandemia. A modo de ejemplo, el alumnado con necesidades educativas especiales de los centros firmantes, a quien el Departamento ha decidido reducir la complejidad, oscila entre el 40 y el 60%. El recorte significará en cada centro afectado, la pérdida no sólo de recursos económicos, sino también de un número significativo de profesorado y personal de apoyo.

Esto conlleva consecuencias como:

• El fin de atenciones individualizadas para el alumnado con necesidades educativas especiales

• El aumento del número de alumnos por aula

• El fin de apoyo lingüístico a alumnado recién llegado

• La desaparición de co-tutorías, necesaria para atender la diversidad e inclusión en el aula

• La imposibilidad de tener aulas desdobladas

• La reducción de excursiones y colonias.

Por lo tanto, este recorte imposibilita garantizar la misma atención al alumnado con más necesidades y por lo tanto, la decisión del Departamento de Educación pone en grave peligro la lucha de las familias y los centros educativos contra la segregación y para la igualdad de oportunidades en nuestra ciudad. Ante este contexto, las Asociaciones de Familias aquí firmantes piden posponer la decisión de la bajada de complejidad de los centros mientras no haya garantías de disponer de datos actualizados teniendo en cuenta el impacto de la crisis del Covid-19 en la situación socioeconómica de las familias.