Condenan a Hacienda a indemnizar a unos novios por intentar "embargarles la boda"

Archivo - Una pareja se coloca las Alianzas en la celebración de super boda.

Momento de la boda / @ EP


Los hechos ocurrieron hace dos años, el 1 de junio del 2019, cuando dos funcionarios de Hacienda se presentaron en la finca Los Cañizos, en Extremadura, donde se estaba haciendo el banquete de celebración de la boda de Irene y Marcos .


Sobre las cuatro de la tarde, al salir del baño reservado a los novios, la novia y dos primas suyas que la acompañaban se encontraron dos hombres en la habitación de al lado, en una actitud "como si estuvieran en su casa", según detalla en la sentencia el juez Luis Alfredo de Diego, del juzgado contencioso administrativo número 2 de la Audiencia Nacional.


Los hombres se identificaron como funcionarios de Hacienda y les comunicaron que venían a "embargar la boda" porque la empresa de catering que habían contratado tenía deudas con la Agencia Tributaria.


Para evitarlo, pidieron a la novia que firmara unas notificaciones que la sentencia describe como "de cinco páginas cada una y con el prototípico lenguaje farragoso, confuso y de difícil comprensión incluso para los iniciados en la materia". Además, advirtieron la novia que si pagaban a la empresa de catering cometerían un delito.



La situación era tan insólita que, de entrada, la novia y sus primas pensaron que se trataba de una broma, porque algunos amigos del novio eran actores. Enseguida, sin embargo, vieron que no, y que los dos funcionarios insistían en su propósito.


"Indignados por la situación y en shock al ver que la boda se iba a pique", detalla la sentencia, los novios explicaron los funcionarios que "no estaban en condiciones de declarar ni facilitar datos o documentos" y les pidieron "que, por favor, se fueran y los dejaran disfrutar de su día especial" para que aquello se podía solucionar "al día siguiente o el lunes".


Los funcionarios, sin embargo, no atendieron la petición y se quedaron allí más de cuatro horas, hasta las ocho y media. Cuatro horas que el magistrado explica que "distorsionaron, entorpecer y dar lugar a la desatención del evento y los invitados". Así, por ejemplo, la sentencia detalla: "no se llevó a cabo el corte del pastel nupcial, no se sirvió champán, los camareros estaban descoordinados y los novios, en un estado comprensible de ansiedad, desasosiego e indignación".


Por todo ello, el juez concluye que "los perjuicios morales son notorios". "Irene y Marcos tendrán para siempre un mal recuerdo de lo que pudo ser y debía ser uno de los días más felices de su vida." Es por ello que estima completamente la demanda que presentaron contra Hacienda y les concede la indemnización de 6.000 euros que piden.


Añadir, incluso, que considera que se trata de una cifra "escasa" si se tiene en cuenta que tiene que compensar "daños indelebles para el resto de su vida". Sobre los funcionarios, la sentencia afirma que su actuación fue "desproporcionada" y "perfectamente evitable".


Y los reprocha que "no todo vale para que la Agencia Tributaria alcance sus objetivos".

"La todopoderosa Agencia Tributaria tiene a su disposición medios más que suficientes para conseguir el cobro de los impuestos, sin tener que humillar a un deudor frente a sus clientes y, de paso, arruinar Marcos e Irene -tercera ajenos al deuda- la celebración de su boda. "


En este sentido, el juez considera que la Delegación de Hacienda en Extremadura habría podido pedir una entrada y registro en la sede de la empresa de catering para obtener información sobre los clientes y los servicios que tenían contratados.


Reprocha a los funcionarios que, en cambio, optaran por presentarse a la boda porque los "resultaba más fácil, cómodo y, sobre todo, espectacular". Y les atribuye "una falta de empatía en grado máximo e incluso un abuso, ante la situación de debilidad que para cualquier ciudadano puede suponer que aparezcan dos funcionarios del fisco con exigencias en un día tan señalado".


"Sólo faltaba que la Agencia Tributaria se dedicara por sistema a invadir la intimidad de los ciudadanos en bautizos, comuniones y bodas para retener créditos que debe intentar conseguir por otros mecanismos menos lesivos." El magistrado sentencia que "el deber de colaboración [con Hacienda] es exigible, sí, pero no a cualquier precio y bajo cualquier circunstancia".

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