domingo, 26 de septiembre de 2021

Dimiten tres miembros de la dirección del ICF antes de la votación sobre el aval

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Vista general de una sesión plenaria en el Parlamento de Cataluña, a 21 de julio de 2021, en Barcelona, Cataluña (España). Durante el Pleno, el conceller de Economía anunciada que el Gobierno recurrirá al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir la

@EP


Tres miembros de la dirección del Institut Català de Finances (ICF) dimitieron antes de la votación sobre la concesión del aval de 5,4 millones de euros para hacer frente a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a la treintena de ex altos cargos de la Generalitat para la acción exterior entre el 2011 y el 2017, según han publicado diferentes medios este viernes por la tarde.


Concretamente, se trata de Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger, todos ellos independientes. El aval del ICF es una fórmula a la que se han acogido 29 de los 24 encausados por el Tribunal de Cuentas, mientras que los cinco restantes han presentado avales por su cuenta.


De hecho, ya no constan en la página web del organismo y solo aparecían los vocales nombrados por adscripción política y el resto de independientes. La dirección debía renovar en los próximos días, ya que eran cargos nombrados en la etapa de Oriol Junqueras como consejero de Economia i Hisenda.


Otros vocales son el secretario de Empresa y presidente del ICF, Albert Castellanos; el director general de Innovació, Lluís Federico; la secretaría de Asuntos Económicos y Fondos Europeos, Matilde Villarroya, y la secretaría general de Salut, Meritxell Masó, todos ellos por adscripción política y que votaron a favor. Por otra parte, hay otros tres independientes que votaron en contra y mientras que el consejero delegado, Víctor Guardiola, se abstuvo. Esto llevó Castellanos a tener que usar un voto de calidad.


En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este martes pasado, el consejero de Economia i Hisenda, Jaume Giró, descartó utilizar esta vía para no poner en riesgo a los trabajadores públicos. 24 horas más tarde, sin embargo, Giró anunció desde el Parlament que finalmente sí se optaría por avalar los 5,4 millones a través del ICF tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y asegurar que había recibido llamadas de trabajadores de la entidad garantizando que estaban dispuestos asumir las consecuencias.


Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas dio un plazo improrrogable de dos días a la Generalitat y a las partes afectadas para que entreguen físicamente los avales. La delegada instructora ha estudiado todos los escritos recibidos, tanto los de los representantes legales de las personas que se acogerán al aval del ICF como los otros ex cargos que no lo harán.

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