¿Qué ha pasado con los avales del 'procés'?

Tribunal de Cuentas /@EP

Los avales fueron un tema "de moda" el mes de julio. Tras unas semanas de incertidumbre y especulaciones sobre posibles bancos, finalmente el Institut Català de Finances avaló los 5,4 millones de euros con los que tienen que hacer frente 34 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat, entre los cuales destacan Carles Puigdemont o Artur Mas, por el presunto desvío de fondos para impulsar ilícitamente el 'procés' en el exterior. 

Dos meses después, la polémica se ha desplazado dentro del ente público que impuso las famosas fianzas, el Tribunal de Cuentas (TC). Tal y como ha informado este martes El País, los avales "han desatado una intensa batalla jurídica" en el sí del Tribunal, que repercute también a la Abogacía del Estado. 

El centro de la cuestión se establece en "saber si una Administración puede avalar con dinero público la multa a un ex alto cargo acusado de uso indebido de dinero público de esa misma Administración", explica el rotativo. Es decir, si la Generalitat puede avalar a alguien que, según la justicia, ha "cogido" dinero de la misma administración con la intención de utilizarlo para causas que se escapan de la legalidad.

PARTIDA A TRES BANDAS

Como si fuera una partida de póquer, tanto la parte afectada como la incriminatoria están jugando sus cartas para resolver el proceso según sus intereses. En el caso de los encausados, han lanzado un seguido de estrategias para que se retire un informe que el Tribunal de Cuentas pidió en julio a  la Abogacía del Estado ante la desconfianza de "suficiencia y legalidad" que suponían -y suponen- los avales. Si este informe sigue adelante, los ex altos cargos y funcionarios pedirán que, al menos, puedan hacer alegaciones para explicar la viabilidad de dichos avales.

Según explica El País, la situación implica ahora mismo a tres partes. Por un lado hay el Tribunal de Cuentas, con la delegada instructora, Esperanza García y su superior, el presidente de la Sección de Enjuiciamiento, José Manuel Suárez Robledano, quienes preguntaron a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de los avales. 

Por otro lado están las defensas de los encausados -encabezados en esta iniciativa por Oriol Junqueras y Raül Romeva, entre otros- los cuales quieren que el TC rectifique y no siga con el informe; y en tercer lugar el abogado del Estado ante el tribunal, Rafael García Monteys, quien espera desde hace mes y medio que sus superiores le den instrucciones sobre si debe responder o no a la solicitud del tribunal. 

LOS RECURSOS DE LOS ENCAUSADOS

Los primeros recursos se presentaron los pasados 3 y 5 de agosto, de acuerdo con las informaciones de El País. Lo que decían las impugnaciones es que se consideraba "improcedente" la petición de informe a la Abogacía y pedían que se revocara la solicitud. De forma adicional, también querían que se les permitiera efectuar alegaciones sobre la procedencia de dicha consulta y “los términos en que debería peticionarse”. 

Si se rechazaban estas pretensiones, indica El País, pedían de nuevo que antes de que Esperanza García, la delegada instructora del TC, decidiese sobre los avales, se les diera traslado “del informe y plazo para realizar alegaciones al mismo”, por considerar que el criterio de la Abogacía puede ser decisivo en el curso de este procedimiento.

UNOS AVALES "PECULIARES"

El segundo recurso formulaba ya directamente las alegaciones pretendidas, y sostenía que cuando la delegada instructora, Esperanza García, tomara una decisión sobre dichos avales debía “limitarse” a resolver si esta fórmula de pago “se ha prestado conforme a un instrumento legalmente previsto” y si “el mismo cubre las cantidades que se derivan de la liquidación provisional”.

Las respuestas a estas dos hipótesis serían afirmativas, ya que los avales nacen de un fondo ya creado, el Fondo Complementario de Riesgo, y cubren la cantidad de 5,4 millones de euros, que es la que el tribunal pide. El escrito subraya que el mencionado decreto es válido porque tuvo el respaldo del Consejo de Garantías Estatutarias, apunta El País. 

Sin embargo, el final no fue "feliz" para los encausados, ya que García contestó negativamente

el pasado 1 de septiembre, en justificar su petición a la Abogacía del Estado, por medio del presidente de la Sección de Enjuiciamiento, aduciendo “las peculiaridades observadas en los avales presentados”, explica el periódico. 

OTRO RECURSO, AHORA A LOS SUPERIORES DE GARCÍA

Después de conocer la negativa de retirar el informe, las defensas han presentado un nuevo recurso ante la instancia superior, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, donde se denuncia "una supuesta vulneración de derechos fundamentales con el resultado de causar indefensión", detalla El País.  Lo que se pide es que los tres magistrados de dicha Sección anulen las decisiones de la instructora García “sustituyéndola por otra en la que se acuerde otorgar trámite de audiencia y alegaciones a esta parte”.

El nuevo recurso destaca que este trámite se debería de realizar antes "de la resolución de la delegada instructora relativa a la admisión de los avales". Además, los equipos jurídicos también han insistido en que si se tira adelante con el estudio, se "cercena de forma definitiva la posibilidad de mis representados -es decir los ex altos cargos- de hacer valer sus alegaciones ante un acto que determinará de forma definitiva una grave afectación en sus bienes y haberes".