sábado, 27 de noviembre de 2021

Los principios de la Administración pública digital

Pablo Rodríguez Canfranc
Economista

El escenario al que se enfrenta el sector público en la actualidad es incierto y muy variable. Resulta mucho más complejo que antaño dar servicio a una sociedad en plena transformación, como la actual, y en un mundo globalizado, en donde las reglas del tablero geopolítico se han roto respecto a los esquemas que rigieron en el pasado. La Administración se ve obligada a gestionar los asuntos públicos para una nueva ciudadanía en un entorno cada vez más confuso. Por supuesto, la revolución digital es una de las principales causas de este cambio en el orden de las cosas, pero no es la única. La pandemia causada por el COVID-19 nos ha demostrado lo frágil y vulnerable que es la realidad que vivimos. Las Administraciones públicas deben estar preparadas para desenvolverse en lo que se denomina entornos VUCA, acrónimo cuyas siglas en inglés corresponden a volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Ello implica que las sociedades actuales deben hacer frente a riesgos de tipo socioeconómico, medioambientales, geopolíticos y tecnológicos, en la forma de ciberataques de gran envergadura, por ejemplo, como el que sufrió el Ayuntamiento de Jerez en octubre de 2019.


El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró

Jordi Puigneró @EP


Pero existen otros factores que explican por qué la relación entre la Administración y el ciudadano debe evolucionar. La atomización de los grupos de interés –cuyo paradigma es el paso del bipartidismo al multipartidismo en la política española- complican la interlocución entre las instituciones y los representantes de los colectivos, haciendo más difícil de anticipar y gestionar los intereses públicos. El envejecimiento de la población y su concentración progresiva en grandes núcleos urbanos son elementos que exigen igualmente nuevas formas de administrar por parte de los poderes públicos. A todo ello hay que sumarle que el gestor se encuentra ante una ciudadanía hiperinformada, gracias a los medios digitales, y a la vez muy desinformada, por la excesiva proliferación de los bulos y las noticias falsas. Finalmente, la crisis de la pasada década ha dejado un fuerte poso de desconfianza en las instituciones, y de descrédito sobre su voluntad y su capacidad para resolver los problemas que sufre el hombre de la calle.


En este contexto, cobran especial relevancia dos conceptos asociados a la transformación digital: la e-administración y el gobierno abierto. En ambos casos se trata de esquemas basados en la tecnología. El primer caso consiste en digitalizar el funcionamiento del sector público, tanto sus procesos internos como la oferta de servicios al ciudadano. Dentro del gobierno abierto hablamos de una filosofía que parte de los principios de transparencia, para que el ciudadano tenga acceso a toda la información sobre lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, colaboración, entre las empresas, la sociedad civil y la Administración, y de participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos. En una sociedad tan compleja como la que vivimos, estos tres principios solo pueden llegar a cumplirse haciendo uso de las redes y las tecnologías de la comunicación.


La transformación digital de las Administraciones públicas requiere de un enfoque más amplio que la mera introducción de tecnología en su modo de operar. Se trata de un cambio de mentalidad, que debe alcanzar desde los más altos niveles hasta los funcionarios de base. Naciones Unidas establece nueve principios que deben guiar la digitalización de un órgano de gobierno:


  1. Visión, liderazgo y cambio de mentalidad, y desarrollo de capacidades digitales en la esfera individual.
  2. Creación de un ecosistema institucional a través del marco regulatorio.
  3. Transformar la cultura organizativa y su planteamiento.
  4. Promover esquemas mentales y aproximaciones integradas a la gestión de políticas, y a la prestación de servicios.
  5. Asegurar la gobernanza de los datos mediante la gestión estratégica y profesional, que permita el desarrollo de políticas guiado por los datos, y el acceso a la información a través de datos gubernamentales abiertos.
  6. Disponibilidad de infraestructura TIC: tecnología accesible y sufragable.
  7. Movilizar recursos y alinear prioridades, planes y presupuestos, incluyendo la realización de alianzas público privadas.
  8. Impulsar el potencial de las escuelas de administración y de otras instituciones.
  9. Promover las capacidades digitales entre la sociedad, de forma que nadie quede atrás y se cierre la brecha digital.

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