La justicia absuelve a los directivos del proyecto Castor y la empresa exconcesionaria Escal UGS

El expresidente de Escal UGS, Recaredo del Potro (derecha) y el exconseller delegado, José Luis Martínez Dalmau (izquierda), sentados en el banquillo de los acusados en la primera jornada del juicio del Castor. /@ACN

Solo quince días después de dejar visto por sentencia el juicio contra los dos ex directivos del proyecto Castor y la empresa ex concesionaria, Escal UGS, por supuesto delito ambiental, la Audiencia de Castellón ha dictado ya sentencia absolutoria.

El tribunal hace suyas, de forma prácticamente total, las tesis presentadas por la defensa a lo largo de la visita oral: asegura que los terremotos difícilmente se podían prever, que no existe consenso científico sobre su causa e, incluso, minimiza el alcance de los seísmos, descartando que llegaran a producir daños personales ni materiales a la población de las poblaciones cercanas. La sentencia rechaza también los daños morales que reclamaba la acusación particular de la plataforma de afectados Aplaca.

El juicio comenzó el 8 de octubre. La acusación pública solicitaba una petición para cada uno de los dos directivos acusados de 6 años de prisión y 15.600 euros de multa, aunque eliminó en la calificación el riesgo catrastrófico, al considerar que no había quedado acreditado; mientras que las defensan pidieron la libre absolución tanto de los acusados como de la mercantil.

Por su parte, un total de 123 afectados por los terremotos provocados por el proyecto Castor reclamaban a la empresa concesionaria Escal UGS, SL -participada mayoritariamante por ACS- y a los dos directivos un total de 1.845.000 euros por los daños morales producidos por la "ola de pánico" generalizada que se produjo a consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas, según informó el despacho de abogados BCV Lex, que representaba a la asociación de afectados Aplaca.