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Joan Garriga, candidato a la alcaldía de Barcelona, y Mónica Lora, secretaria-tesorera, estaban acusados por un supuesto delito de incitación al odio cometido en las elecciones de 2011, cuando estaban al mando de Plataforma per Catalunya.
Joan Garriga en el Parlament de Catalunya/ @EP
La sala de lo civil y penal del TSJC ha resuelto archivar el procedimiento que se instruyó en Reus por un presunto delito de odio y donde se encontraban como investigados, entre otros, el candidato de Vox a la alcaldía de Barcelona, Joan Garriga Domènech y la secretaria tesorera del mismo partido, Mónica Lora, ambos aforados diputados del Parlament en esta legislatura. Según afirma el auto no existe una "acusación válidamente formulada contra ellos".
La sala, siguiendo con la línea del Ministerio Fiscal que no presenta acusación al considerar que los hechos denunciados no eran constitutivos del delito de odio, archiva el procedimiento contra los aforados y expresa en su resolución: "(...) sobre cuya participación los concretos hechos objeto de acusación —la difusión entre los electoras de Reus del programa electoral de una determinada formación política— no existe tampoco lo más mínimo indicio, más allá de su presunta adscripción al consejo ejecutivo de la formación política PxC al tiempo de los hechos —mayo de 2011—."
Así pues, la sala de lo civil y penal del TSJC resuelve archivar el procedimiento, exclusivamente, para las dos personas aforadas sobre las cuales es competente. El resto de los procesados, que no tienen situación de aforados, quedan pendientes de la tramitación de la causa al juzgado penal 1 de Reus.
Los hechos se remontan al año 2011, cuando ambos acusados estaban al mando de Plataforma per Catalunya (PXC), un partido xenófobo que difundió una campaña contra los inmigrantes musulmanes. En aquellas elecciones municipales, desataron una campaña que se regía bajo el lema de "primer els de casa" (primero los de casa), la cual incluía un cheque de hasta 4.000 euros a nombre de un supuesto musulmán y acusaba a estos inmigrantes de quitar puestos de trabajo a los locales, recibir subvenciones, saltarse impuestos y hasta tener conexiones con la mafia.
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