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En concreto, hace ahora dos semanas el juez Joaquín Aguirre, del juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, firmó un acuerdo por el que se le acusa de mentir en su declaración.
El empresario, David Madí, mano derecha de Artur Mas en Convergència y en la Generalitat, está en el punto de mira de la justicia. El juez Joaquín Aguirre, del juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, firmó un acuerdo en el que "le acusa de mentir en la declaración que hizo tras ser detenido en el marco de la operación Volhov".
Cabe recordar que Madí fue detenido el 28 de octubre de 2020 en medio de dicha operación: los investigadores habían encontrado en el teléfono de Víctor Terradellas, ex responsable de relaciones internacionales de CDC, una grabación de una conversación entre ambos y, tras vigilarlo a él, terminaron deteniéndolo.
Tras esto, se le preguntó por las gestiones que había llevado a cabo hacia otras empresas y Madí respondió que estaba registrado como lobbista ante la Generalitat de Catalunya y esta era la razón por la que tenía autorización para realizar visitas, pero sin acrediarlo.
Además, en el auto el juez afirma que se comprobó si el nombre de David Madí se encontraba en el Registro de Grupos de Interés de la Generalitat, pero no estaba. Sí que figuraba, sin embargo, Aigües de Catalunya, de la que Madí es presidente. El juez pidió entonces a la Guardia Civil que comprobara si había realizado visitas a la Generalitat como representante de esta empresa, pero a la vez aclaró: "Habría que precisar que si estuviese inscrito como grupo de interés únicamente respecto a Aigües de Catalunya, eso lo inhabilitaría para ejercer de grupo de interés en otro negocio diferente al de las aguas. Incluso tratándose de las aguas, el objeto de la visita tiene que coincidir con la actividad constatada por la Guardia Civil, dado que la legalidad sobre grupos de interés exige una transparencia total sobre el motivo de la visita".
En total, Madí realizó 9 visitas a la Generalitat en nombre de Aigües de Catalunya, pero se registraron como "presentación de la empresa". Con esto, el juez insiste que Madí no acudió a realizar estas visitas de forma legal y, por tanto, ha decidido investigar sus negocios como intermediario, así como su participación en la organización del procés. Quiere saber, entre otras cosas, si cobró comisiones por actos presuntamente ilícitos entre 2019 y 2020.
LAS LICENCIAS VTC
La Guardia Civil también le investiga otras cosas por cuestiones relacionadas con sus cinco grandes ámbitos empresariales.
David Madí está detrás de los intereses de otorgar licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC). Moove Cars, aliado con Uber, era su cliente. Y Madí tenía el objetivo de reactivar las licencias VTC en la ciudad de Barcelona, pues había surgido previamente un conflicto con los taxistas en que se hizo un pacto con el Govern para legislar el sector.
Madí fue quien negoció todo este asunto con Isidre Gavin, secretario de Infraestructuras y Movilidad, Pere Padrosa, director general de Transportes y Josep Maria Fortuny, subdirector general de Ordenanza del Transporte. También fue el empresario quien le dijo al consejero delegado de Moove Cars que la Generalitat tenía interés en que María del Mar Alarcón entrase en el negocio.
Según se desprende de las grabaciones efectuadas por la benemérita, Madí i García, el consejero delegado de Moove Cars, quería "eludir el requisito de precontratación con 15 minutos de antelación en el servicio de VTC".
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