La Generalitat recurre al TC una ley de calidad alimentaria y el tribunal lo admite a trámite

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El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite un recurso que la Generalitat de Catalunya presentó contra varios artículos de ley estatal de defensa de la calidad alimentaria al considerar que impone un régimen de sanciones para toda España que invade competencias del Govern.


En una resolución de este jueves recogida por Europa Press, el Pleno del Constitucional ha decretado la admisión a trámite y da traslado de la demanda --tal y como establece la ley-- al Congreso de los Diputados, al Senado y al Ministerio de Justicia para que puedan personarse y formular las alegaciones que crean convenientes.


El Govern presentó el recurso tras un dictamen del Conselll de Garanties Estatutàries, según explicó en una rueda de prensa el 13 de octubre tras el Consell Executiu la vicepresidenta y portavoz de la Generalitat, Neus Munté.


El Gobierno catalán tiene intención de acudir también al Constitucional contra otras cuatro leyes del Ejecutivo y el martes, solicitó al Consell de Garanties Estatutàries el dictamen preceptivo previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.


Según adelantó la vicepresidenta catalana, Neus Munté, la ley estatal de voluntariado "invade competencias" como la fijación de políticas públicas en éste ámbito y la gestión y regulación de las subvenciones.


También pedirán un estudio de la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la de régimen jurídico del sector público, que vulneran las competencias en materia de organización, régimen jurídico y procedimiento administrativo y régimen local, según el Govern.


La cuarta de las leyes que el Govern pone en tela de juicio es la de carreteras, porque interfiere las competencias en materia de infraestructuras del transporte y las comunicaciones, obras públicas y ordenación del territorio.


En concreto el Govern llevará al Consell aquellos artículos de la ley que consideran que están traspasando las competencias estatales para invadir las de la comunidad.

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