sábado, 17 de agosto de 2019

El Ayuntamiento de El Vendrell, en el punto de mira por corrupción

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Ex alcalde de El Vendrell Benet Jané (CiU) con el actual alcalde Martí Carnicer (PSC).


Vecinos de las urbanizaciones Mas Borrás y Mas Astor, en el municipio tarraconense de El Vendrell han denunciado ante la Fiscalía diversos delitos penales en los que podría haber incurrido el Alcalde y varios concejales del Ayuntamiento. De momento, el Juzgado de Instrucción nº8 de esta localidad ha abierto diligencias de investigación para determinar si son ciertas estas acusaciones. 

 

El escrito, presentado el pasado 8 de junio por Esteban Cabal, vecino de Mas Astor, también se señala directamente al interventor del consistorio, a la empresa municipal "Aigües Tomoví", miembros del Consejo Rector de las Juntas de Compensación de Mas Borrás y Mas Astor, así como el abogado Joaquín Jiménez y el arquitecto Frederic Porta, redactores de los Proyectos de Reparcelación de estas urbanizaciones.


La fiscalía trasladó al juez del Juzgado nº 8 el resultado de sus investigaciones y ahora es éste quien ha decidido investigar los hechos y ha requerido a los acusados toda una serie de documentación para comprobar la veracidad de las acusaciones.


Cabal, que se ratificó ante el Juez el pasado 27 de noviembre, acusó a la empresa municipal de aguas y a las Juntas de Compensación de invadir una parcela de su propiedad para explotar ilegalmente, con la colaboración necesaria del Ayuntamiento, dos pozos de agua no autorizados. La Agencia Catalana del Agua no solo confirmó que nunca se legalizaron los pozos sino que además la extracción se realizaba en un acuífero protegido, por lo que podría tratarse de un delito ecológico.


Pero además el IVA de las facturas del agua que consumen 866 vecinos de estas urbanizaciones nunca se liquidó a Hacienda, por lo que podría tratarse de un delito de fraude fiscal. Las facturas se emitían con un NIF incorrecto a nombre de la Junta de Compensación pero los vecinos ingresaban los importes en una cuenta de Aigües Tomoví. El hecho de que no se liquidara el IVA del agua puso en evidencia que tampoco se liquidó el IVA de otras facturas, incluyendo los casi 10 millones de euros que la Junta de Mas Borrás había cobrado a los vecinos en derramas por obras.




El denunciante señala además que el IVA no declarado tampoco se reflejaba en la contabilidad, por lo que podría existir un delito de apropiación indebida, y que el agua suministrada no era potable, por lo que podríamos estar ante un delito contra la salud pública. Indicó también que se están explotando ilegalmente dos depósitos de agua, uno de ellos con capacidad para almacenar un millón de litros, sin el consentimiento del titular de los terrenos.


El escrito concluye denunciando una presunta trama de corrupción urbanística en el que estarían implicados diversos cargos públicos y funcionarios del consistorio así como los redactores de los Proyectos de Reparcelación que resultaron ineficaces ya que contenían numerosos defectos insubsanables lo que hacía "prácticamente imposible su inscripción" según manifestó en un informe el Registrador de la Propiedad Sergio Mengod.


Otro vecino de Mas Borrás, el arquitecto Enrique Alzamora, presentó una denuncia ante la UDEF contra el Ayuntamiento y las Juntas de Compensación por haber cobrado ilegalmente a los vecinos más de 5 millones de euros por obras realizadas en bienes de dominio público. Y pidió la nulidad del Proyecto de Reparcelación.


Finalmente, el pasado 1 de febrero Esteban Cabal presentó un escrito en la Delegación de Urbanismo de la Generalitat en el que solicita que "se declare la nulidad del Proyecto de Reparcelación de Mas Borrás" y que "se retiren las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de El Vendrell" para la ejecución de la Unidad de Actuación 33 en Mas Borrás. Copia de este escrito se ha remitido a la Fiscalía porque los hechos denunciados "guardan estrecha relación con la denuncia" presentada ante la fiscalía en junio de 2015.


Entre los argumentos esgrimidos por el denunciante se señala, además de su imposible inscripción en el Registro de la Propiedad, la incompatibilidad del Proyecto con el Plan General de Ordenación Municipal, la imposibilidad de finalizar las obras, el incumplimiento de los requisitos básicos legalmente exigibles por parte de la Junta de Compensación y del Ayuntamiento, la deficiente adjudicación de las parcelas, las manipulaciones y alteraciones introducidas en el Proyecto con posterioridad a su aprobación, la imposibilidad de hacer efectiva la transmisión al Ayuntamiento de las zonas de cesión obligatoria, la necesidad de que el Ayuntamiento devuelva a los vecinos los importes de las obras realizadas en caminos de titularidad pública y en el encauzamiento de la riera (sistema hidrológico) y la caducidad imputable a los promotores.

1 Comentarios

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El ayuntamiento del vendrell no cumple la ley de dacion en pago de deuda. Te cobra la plusvalia cuando no has tenido beneficio

escrito por Helio 19/may/17    10:23

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