Salario mínimo de miseria

Joan Carles Gallego
Secretari general de CCOO de Catalunya

El salario es la única fuente de ingresos para la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras, y determina en buena parte sus condiciones de vida. La masa salarial tiene un peso importante en la economía. Por lo tanto, la existencia de un salario mínimo (SMI) y su cuantía tiene efectos sociales y económicos. Hoy el SMI es de € 21,84 / día, € 655,20 / mes, € 9.172,80 / año (14 pagas). Claramente insuficiente, al Estado roza el umbral de pobreza (en 2013 era de € 7.961 / año) y en Cataluña está por debajo. Según el IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña), en 2014 el umbral de pobreza en Cataluña era de € 9.767 para hogares de 1 persona y para un hogar con 2 adultos, 1 adulto y 2 niños o 2 adultos y 2 niños es de € 14.651, € 15.627 y € 20.511 respectivamente. Se evidencia la precariedad extrema de los trabajadores que cobran el SMI y, dada la actual estructura de los hogares y la situación actual del mercado de trabajo, donde en muchos hogares sólo hay una persona ocupada, el actual SMI convierte en pobres estos y sus familias.


Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el porcentaje de trabajadores que perciben el SMI es reducido (1,7% de los ocupados a tiempo completo en el año 2013). Pero al establecer la remuneración de los trabajadores hay una referencia implícita a la realidad del SMI, tanto los que tienen jornada completa como, sobre todo y de forma creciente, para aquellos que involuntariamente trabajan a tiempo parcial. Plantearse el aumento del SMI es un elemento central para mejorar la situación de las personas y también de la economía: puede quitar trabajadores y familias de la situación de pobreza; puede ayudar a reducir las brechas salariales entre hombres y mujeres, y también entre colectivos en riesgo de exclusión (jóvenes, extranjeros ...); puede favorecer la cohesión del mercado de trabajo y un reparto más equitativo de la riqueza; puede ayudar a mejorar la calidad del trabajo y, por consiguiente, la productividad, y puede impulsar el consumo y la economía, amortiguando las fases recesivas del ciclo económico.


Nuestra estructura económica está basada en salarios y no en los rendimientos del capital. El 70% del crecimiento del PIB corresponde a la demanda interna, sólo el 30% deriva de la demanda externa. Pero con la crisis se ha aplicado la receta neoliberal de bajar salarios, para aumentar la productividad y la competitividad exterior de la economía y así crear empleo. Un dogma que esconde otros intereses y es falso tal como evidencia la realidad: se ha destruido empleo y ha experimentado una pérdida salarial, ha caído el consumo privado y la demanda interna. Los rendimientos del capital han aumentado. La participación de las rentas del capital en el total de la renta nacional aumenta, a cargo de una mayor desigualdad social, ya que las rentas del trabajo pierden peso, y del empobrecimiento generalizado de la población.


Fue la desigualdad de ingresos lo que era en el origen de la crisis y lo que ahora puede perpetuarse si no actuamos rápido. La tendencia a bajar la capacidad adquisitiva de los salarios conlleva el incremento del endeudamiento familiar. Pero favorece el aumento del capital acumulado de quien se beneficia del incremento de productividad resultante de los bajos salarios. Unos tienen que endeudarse para mantener el consumo y otros tienen que colocar el exceso de capital. Así el mercado financiero entra en riesgo de impago, burbujas financieras y riesgos de crisis financiera que ya conocemos. La misma sostenibilidad del sistema social se tambalea, ya que la caída de la masa salarial conlleva una menor recaudación impositiva y menores cotizaciones sociales, y nos hace entrar en riesgo de crisis fiscal y de insostenibilidad del sistema público de pensiones. Una dinámica que, por un lado, genera un aumento del endeudamiento público pero que también acaba repercutiendo en la misma estabilidad política, que se ve erosionada por las políticas antisociales que se aplican.


Es necesario, por tanto, poner sobre la mesa del debate social y político la importancia de un cambio radical en las políticas salariales. En la negociación colectiva se ha de romper la lógica de la devaluación salarial y exigiendo incrementos retributivos y de capacidad adquisitiva reales, como se está haciendo en muchos convenios donde se batalla la concreción del incremento retributivo y sus garantías. Pero hay que emplazar los poderes públicos, como las patronales, a abordar el debate del SMI. Es la base sobre la que opera el conjunto del mercado de trabajo y tiene efectos que impactan en la apuesta por un modelo económico y social. Un de bajos salarios, jugando un papel subalterno en la economía global, soportado en sectores de bajo valor añadido y con trabajo precario, rotativo y poco cualificado, con paro estructural y déficits sociales. O un modelo basado en trabajo calificado, en la innovación en procesos y productos, de pleno empleo y un potente estado de bienestar, garante de cohesión social y crecimiento económico.


Hay que revalorizar el SMI para equipararlo a la riqueza real del país, pero también para recuperar el poder adquisitivo perdido estos años y cumplir lo que dice la Carta Social Europea. Somos la 5ª economía de la UE pero en cuanto a la cuantía del SMI estamos en la cola (lejos de los € 1.457 de Francia, € 1461 de Irlanda y demasiado cerca de los € 683 de Grecia o € 589 de Portugal). Hay que recuperar los 4,1 puntos perdidos del 2009 al 2015 y evitar que continúe cayendo. La Carta Social Europea reconoce el derecho a una remuneración suficiente para todos los trabajadores, que les garantice a ellos y sus familias un nivel de vida digna. El Consejo de Europa fija el SMI en el 60% del salario neto medio del país. Hoy el SMI representa el 34% del salario medio del Estado, y es casi la mitad.


Hemos dejado atrás la recesión y el ciclo económico está cambiando. La recuperación es débil e incierta, pero es real y aumentan las ganancias empresariales sin que lleguen al conjunto de los trabajadores. Consolidar la recuperación requiere dotar de mayor capacidad adquisitiva los trabajadores y recuperar, sin hacer crecer el endeudamiento, la demanda interna como motor de la economía. Por eso los gobiernos han de hacer crecer el SMI, estableciendo un horizonte temporal breve para cumplir la Carta Social Europea, el 60% del salario medio. En paralelo, los diferentes niveles de administración, autonómica y local, pueden fijar salarios mínimos de acuerdo con lo estipulado en la OIT y la Carta Social cuando se liciten obras o servicios como obligación a cumplir por los proveedores. Esto presionaría al alza el conjunto de la masa salarial de la economía, ayudaría a las negociaciones colectivas a fijar salarios justos y no discriminatorios. Impulsaría el crecimiento de la demanda interna con efectos directos, tanto en la actividad económica como en la capacidad de recaudación impositiva y de cotizaciones, lo que permitiría mantener niveles de gasto e inversión. Podríamos entrar en un círculo virtuoso de crecimiento y de creación de empleo.


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