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Como consecuencia de la venta fallida a un empresario israelí del edificio Torre Muñoz, en el que quería la calificación para poder construir un hotel.
El siempre controvertido expresidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha presentado ante el TSJC una demanada contra la Generalitat de Catalunya. En concreto, contra la Conselleria de Economía, de la que pretende cobrar 16 millones de euros.
Para entender el caso y los múltiples actores que protagonizan el culebrón judicial del año en Catalunya es necesario remontarse al 2015. Por aquel entonces, el ex conseller de Economía, Andreu Mas-Colell sacó a subasta dos joyas de la corona catalanas, la sede de la Conselleria de Treball y Torre Muñoz, donde estaba el departamento de Empresa, con tal de intentar cuadrar el programa de privatizaciones que nunca llegó a cumplir.
Dichos inmuebles los adquirió un empresario israelí, a través de la sociedad Nadlan BCN y con Joan Laporta como su asesor para negociar con Xavier Trias, anterior alcalde, un cambio de usos para que Torre Muñoz pasase de ser oficinas a poder clasificarse como hotel.
Las condiciones del concurso obligaban al ganador a depositar como fianza el 25% del valor de compra. Así, el inversor israelí se comprometió a pagar 63,57 millones y, tal como marcaba el pliego, depositó los 16 millones correspondientes como garantía, con el compromiso de formalizar el conjunto de la operación en unos meses.
Pero los planes se truncaron cuando Ada Colau ganó la alcaldía de Barcelona tres días antes de que se adjudicase el ganador de esta privatización. La nueva alcaldesa de Barcelona, no solo era contraria a la recalificación urbanística sino que también decretó la moratoria hotelera.
NO TODOS SALIERON PERDIENDO
Ahora bien, no todos salieron perdiendo ya que para la Generalitat fue el negocio perfecto: mantuvo la propiedad de los edificios y se embolsó 16 millones de euros. Ahora bien, para ser justos cabe reconocer que otorgó una prórrogar al represetado por Laporta para que formalizase el acuerdo y, ya en noviembre quedó claro que ni Colau ni el equipo municipal cederían y la transacción se dio por perdida.
Ahora, el nuevo conseller de Economía y vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, se encuentra con un follón que no tiene nada que ver con su gestión pero que sí puede estallar en sus manos después de que Laporta haya interpuesto la querella contra la cartera que ahora preside.
JUICIO LARGO
Las fuentes jurídicas conocedoras del caso han explicado a El Confidencial que la estrategia de la demanda es intentar anular todo el concurso que planteó Mas-Colell alegando algún defecto de forma o algún tipo de tecnicismo. Por su parte, los servicios jurídicos de la Generalitat no piensan devolver los fondos en disputa.
En todo caso, el pleito se prevé largo, porque un contencioso administrativo tarda de media entre dos y tres años en resolverse. Por tanto, el pulso será prolongado, con el morbo añadido de una Generalitat en apuros económicos; Oriol Junqueras, Ada Colau, Joan Laporta y un empresario israelí.
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