Antifrau traslada a la Fiscalía la denuncia de CC.OO. contra el exdirector de Consumo

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La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) ha trasladado a la Fiscalía el expediente que elaboró tras recibir una denuncia de CC.OO. contra el director de la Agencia Catalana de Consumo (ACC) entre 2011 y marzo de 2016, Alfons Conesa. Se le acusaba de incumplir la ley de incompatibilidades de altos cargos al incorporarse a la patronal Cecot.


Según una respuesta del conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Jordi Baiget, en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), la ACC "ha colaborado en el procedimiento en todo lo que ha sido requerida, facilitando al Ministerio Fiscal toda la documentación que este órgano le han solicitado".


Añade que, debido a que el caso se encuentra en instancias jurisdiccionales, el Govern no hace ninguna valoración, "más allá de respetar la presunción de inocencia de las personas que se puedan implicar y el absoluto respeto a la independencia de la jurisdicción".


En junio, la sección sindical de CC.OO. en la Conselleria de Empresa y Empleo de la Generalitat presentó una denuncia ante la OAC, argumentando que Conesa, en el momento de su cese, empezó a prestar sus servicios en el área de consumo de Cecot para llevar a cabo actividades que, a su juicio, son incompatibles de acuerdo con la ley 13/2005 de 27 de diciembre, del régimen de incompatibilidades de altos cargos de la Generalitat.


El sindicato concretó que el artículo 5 establece el deber de lealtad a la institución tanto en el ejercicio como después del cese de altos cargos de la Generalitat, y el artículo 7 establece la prohibición de intervenir, a lo largo de los dos años posteriores al cese, en actividades privadas relacionadas con las actuaciones y atribuciones del cargo ocupado.


INTERPRETACIÓN PONDERADA DE LA LEY


En su respuesta en el BOPC, Baiget señala que, pese a que la ley prevé un conjunto de limitaciones de las actividades privadas que los altos cargos pueden desarrollar una vez cesados, el ejercicio de un cargo público "no es un obstáculo permanente que cierre todas las puertas o cualquier expectativa profesional al alto cargo", por lo que considera que hay que hacer una interpretación ponderada de la normativa debido a que los supuestos previstos en el artículo 7 son restricciones de la libertad profesional.


En este sentido, destaca que según el redactado, se pueden desarrollar actividades "siempre que no tengan relación con algún expediente en la resolución del cual se interviniera mientras se ocupaba el puesto de alto cargo".


"Esta prohibición legal, por tanto, se conecta con los expedientes y no con el sector de actividad donde se proyecta la competencia como alto cargo", añade, y concluye que la prohibición no impide en principio cumplir actividades privadas en el sector material sobre el cual se proyectaban las competencias del alto cargo, sino sólo en relación con los expedientes en los que haya intervenido.



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