La justicia catalana colapsada, 300.000 casos de reclamaciones de deudas pendientes

Los juzgados catalanes acumulan 359.381 de expedientes de la jurisdicción civil sin ejecutar, de los que la inmensa mayoría son casos de devoluciones de reclamaciones de deudas, según el informe anual sobre la situación de la Justicia elaborado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab).

El informe, presentado por el decano del Icab, Oriol Rusca, señala que a final del año 2015 en la demarcación del colegio barcelonés, que incluye Barcelona y 11 demarcaciones de los alrededores, quedaban pendientes 141.948 casos y otros 217.433 en el resto de Catalunya.

Destaca el elevado número de expedientes acumulados en relación a los casos que ingresaron y las causas que se resolvieron; en 2015 ingresaron en los juzgados catalanes 89.178 expedientes en este ámbito y se resolvieron 107.944.

Comparativamente, la cifra total de asuntos pendientes en la jurisdicción civil al final del 2015 es similar al balance de los años anteriores pero presenta un ligero aumento progresivo: 352.611 en 2014, 345.130 en 2013 y 337.680 en 2012.

Por otra parte, el Colegio de la Abogacía catalana estima que los juzgados catalanes tardan una media de un año y medio en resolver los procedimientos penales, aunque se trata de un cálculo que hacen en base a su experiencia y que no recoge el informe. En los ámbitos civil  y social se calcula que la duración es de un año y en la contencioso-administrativo y los procesos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya es de dos años.

Rusca, ha hecho un balance general del estado de la Justicia en referencia a años anteriores: "Puede estar más o menos igual, pero igual al peor momento".

RETRASOS EN LOS JUICIOS

Los abogados también lamentan que más del 80% de los juicios se celebran con retraso y que estas demoras se dan sobre todo en los juzgados sociales, seguidos de los penales y de los juzgados de instrucción.

Este dato presentado por el Icab procede de una encuesta del propio colegio a 450 abogados de un total de 16.500, y que refleja también que más del 64% de los letrados considera que el retraso en la tramitación judicial se debe a una "organización inadecuada" del juzgado mientras que un 54% lo achaca a una insuficiencia de personal.