Privilegiados

Redacción Catalunyapress

Es la palabra de moda. Privilegiados. Es el adjetivo con el que, de manera torpemente injusta quieren criminalizar a una parte de los trabajadores y las trabajadoras de este país, hacerles cargar con una parte de la factura cada vez más insoportable y, de paso, desmantelar los servicios públicos y el Estado del Bienestar.

Los acusan de privilegiados, pero el 26% de los empleados públicos catalanes cobran 1.000 euros o menos y el recorte salarial que les quiere aplicar ahora el Govern podría suponer para algunos sectores -como cárceles- hasta un 16% menos de sueldo, a sumar al 5% de 2010 y la congelación salarial de 2011. Hablan de reducir el personal interino, cuando representan el 40% de los empleados públicos, es decir, que están manteniendo la estructura de la administración, en algunos casos desde hace 10, 15 ó 20 años. Dicen que en sanidad o enseñanza ya "hemos tocado el hueso" y ahora toca aligerar la burocracia, pero el 80% de los trabajadores de la administración son médicos, profesores, mossos, bomberos y personal de prisiones.

Nosotros creemos que la crisis sin precedentes que estamos viviendo se debe afrontar de una manera muy diferente a la que nos imponen los gobiernos y los organismos internacionales como la única posible. Más allá de un control del déficit necesario y razonable, la solución no puede venir desde el recorte lineal de todo el sistema de servicios público. Hay un debate sobre los ingresos, sobre cómo reformar el sistema fiscal para que los que más cobran y los que más tienen aporten más de una manera justa, proporcional y redistributiva -y no subiendo el agua, el transporte público y las tasas universitarias- y para hacer aflorar todos los recursos que existen pero que ahora mismo no se están recaudando (fraude fiscal y economía sumergida).

Pero si quieren que el debate sea de recortes y de privilegiados, nosotros les podemos señalar por dónde empezar. Nuestro sindicato ha puesto sobre la mesa de negociación con la Generalitat la propuesta de un salario máximo interprofesional para la función pública, y lo situamos en los 5.000 euros brutos mensuales. Porque calculamos, pese a la opacidad de los datos de la administración, que como mínimo 1.600 personas con un sueldo dependiente de la Generalitat superan estos ingresos. Es la administración VIP: altos directivos, cargos de confianza y personal de libre elección que cuadruplican el sueldo medio del personal funcionario que, por otra parte, ha conseguido su puesto de trabajo de forma meritoria.

Tienen razón. En la función pública hay muchos privilegiados. Que empiecen sus "medidas de austeridad" para ellos.

Josep M. Àlvarez, secretario general de la UGT de Catalunya

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