El 'CNI catalán' gastó 370.000 euros en asesoramiento

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Cesicat

A la consultora PricewaterhouseCoopers. 


El Centro de Seguridad de la Información de Catalunya (Cesicat), conocido como el embrión del 'CNI catalán', pagó a la consultora PricewaterhouseCoopers cerca de 370.000 euros hasta 2014 por asesoramiento sobre diversos temas.


Algunas cuestiones como si podían aumentar el personal o subir los sueldos, así como sobre quien era el dueño de los derechos de la propiedad intelectual de las aplicaciones informáticas que contrataban con terceros.


Así consta en un informe de la Guardia Civil, aportado a la investigación que lleva a cabo el Juzgado número 13 de Barcelona sobre la creación de estructuras de Estado en Catalunya al margen de la legalidad.


Así como la organización del referéndum ilegal de independencia del pasado 1 de octubre, aunque proveniente de la investigación que se inició en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.


Los agentes habían solicitado información a un total de 26 empresas que habían contratado con el CESICAT para averiguar si esta Fundación perteneciente a la Generalitat de Cataluña estaba montando un 'CNI catalán', la llamada Agencia Nacional de Seguridad.


SECRETO PROFESIONAL


Entre las empresas se encontraba la consultora PricewaterhouseCoopers, que inicialmente se amparó en el "secreto profesional" para no aportar datos, pero que finalmente, a través de su abogado, entregó en mayo de este año la información requerida por la Guardia Civil. 


La documentación aportada relacionada con la investigación sobre el CESICAT, contenida en un pen-drive, se concreta en tres facturas por importes de 142.797 euros; 3.702 euros y 224.200 euros.


En la primera de estas facturas está incluida la realización de un informe jurídico para el CESICAT sobre la posibilidad de adoptar determinados acuerdos en materia de personal de la entidad consistentes en ampliar la plantilla y/o aumentar la retribución de su personal. 


También se advertía en el estudio sobre las consecuencias legales que podía acarrear el supuesto de que se llevaran a cabo acuerdos por parte de la citada Fundación en dicho sentido.


En el sumario también está incluida la factura bajo el epígrafe de "aprovisionamiento de servicios del CESICAT", por valor de 142.797 euros.


También un cuestionario de los agentes a la consultora, en la que ésta responde que ese informe en concreto sobre las plantillas del Cesicat tuvo un coste de 2.304 euros más IVA, pero señalando que lo habían cobrado en la factura de 142.797 euros de 30 de junio.


La consultora deja claro al Centro de Seguridad de la Información de Catalunya que no puede contratar más personal, ni tampoco incrementar el gasto en salarios. Si lo hace, precisan, los acuerdos serían contrarios a derecho. 


La consulta se realizó en 2014 y en aquel momento, los organismos públicos estaban sujetos a la prohibición de realizar nuevos contratos que se contenía en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.


PwC también señalaba que la adopción de acuerdos contrarios a derecho podrían tener consecuencias si se producía un daño a la Entidad y que determinadas personas vinculadas a la Fundación estarían legitimadas para ejercitar una acción de responsabilidad dirigida a los patronos para que restauraran a ésta el daño causado.

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