El juez investiga pagos de la 'embajada' catalana en Bruselas a observadores internacionales

Amadeu Altafaj, exrepresentante del Govern ante la UE. 

El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del 'procés', Pablo Llarena, está investigando los pagos que realizó la Delegación de Catalunya en la UE, con sede en Bruselas, al Centro holandés que envió los observadores al referéndum ilegal que se celebró el pasado 1 de octubre. 

Se trata de dos pagos que suman un total de 119.700 euros y se transfirieron al The Hague Centre for Strategic Studies entre el 21 de septiembre y el 10 de octubre.

El magistrado pide que se investiguen tres cuentas corrientes abiertas por la Delegación de Catalunya ante la Unión Europea en la sucursal de Bruselas.

En concreto, Llarena quiere conocer los detalles de tres transferencias efectuadas entre los días 21 de septiembre y 10 de octubre del pasado año por importe total de 139.700 euros.

Esta es una de diligencias que acuerda el magistrado en una providencia de acuerdo con la petición del Ministerio Fiscal con el fin de conocer quien fue el ordenante, el destinatario, el motivo por el que se realizaron y destino actual de los fondos.

Los tres movimientos bancarios fueron de 58.250 euros, con destino a The Hague Centre for Strategic Studies; 61.450 a la misma destinataria y de 20.000 euros para a la Delegación del Govern en Croacia.

Llarena ordena esta diligencia a la Guardia Civil de acuerdo con la documentación aportada por los Servicios Jurídicos del Banco BBVA sobre las cuentas corrientes abiertas por esta delegación del Gobierno catalán en el extranjero y estas tres transferencias.

Los movimientos de esta 'embajada' catalana en el extranjero coinciden en el tiempo con los incidentes ocurridos en la Consejería de Economía.

Unos registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, así como con la celebración del referéndum ilegal el 1 de octubre y los días posteriores.

Los días previos al referéndum ilegal del 1 de Octubre saltó la polémica de quién pagaba al Centro que había enviado a los observadores internacionales que acudieron a Catalunya para estar presentes en la votación del referéndum ilegal.