Rastrean el presunto desvío de 900 millones de euros de la Generalitat

 

El Confidencial publica en la edición de este martes que la Fiscalía de la Audiencia Nacional empezó a investigar hace un año un posible delito de sedición de la para construir la estructura de un Estado independiente, que se ha acabado convirtiendo en un nuevo procedimiento contra la corrupción.

El grueso del periodo bajo investigación coincide con la llegada de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) al Gobierno de la Generalitat en diciembre de 2010 y parece ser que el Ministerio ha acumulado indicios de que los altos cargos del Govern que dirigen el proceso de desconexión pudieron desviar fondos públicos de los contratos para crear una agencia tributaria y un servicio de inteligencia propios.

En este sentido se investigan adjudicaciones públicas que llegarían a la cifra de 900 millones de euros aunque esta puede ser superior. Todo se centra en la gestión del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), el organismo de la Generalitat responsable de centralizar, planificar, supervisar y ejecutar las inversiones en sistemas informáticos, redes y aplicaciones al servicio de la Administración catalana.

Así se habrían detectado incidencias en el método escogido por el CTTI para conceder sus mayores adjudicaciones a través de diálogo competitivo, que otorga al licitador un amplio margen de maniobra para elegir a las empresas participantes en el concurso, modificar el objeto de los contratos y pactar el precio y la duración de los trabajos.

Entre las irregularidades se encuentra la celebración de concursos en los que solo participó una empresa; la aceptación de duraciones superiores al límite legal de 20 años para los contratos de colaboración público-privada (CCPP); licitaciones en las que ni siquiera se comprobó el cumplimiento de los requisitos de los candidatos; la ausencia continuada de las actas de las reuniones con las empresas, y la aplicación de criterios de valoración demasiado genéricos en los apartados subjetivos de los concursos. En otros casos, solo se tuvo en cuenta las características técnicas propiciando así que fueran elegidas las más caras.

El Ministerio Público sospecha que los altos cargos del Govern aprovecharon esos vacíos para amañar los contratos públicos de la secesión, favorecer a ciertas empresas y licitar servicios por precios muy superiores a los reales.

De este modo la flexibilidad del diálogo competitivo habría facilitado el desvío de fondos públicos y el enriquecimiento ilícito de los dirigentes que podían influir en los procesos.

Fuentes próximas al caso han confirmado que se investiga la adjudicación del Proyecto Red Abierta en 2010 por 211,8 millones a la UTE Imagina-Axia; los cuatro lotes de un contrato de 2011 para el “aprovisionamiento del puesto de trabajo y soporte al usuario de la Generalitat de Catalunya” que suman 562,7 millones ; una licitación a Deloitte y Capgemini de 44,7 millones en 2013 para dar “servicio de gobierno delegado de demanda y proyectos, de calidad, de gobierno operativo de servicios, y de soporte al gobierno transversal”, y otra adjudicación en agosto de 2016 por 80 millones a Deloitte y Capgemini junto a las también consultoras Everis, PriceWaterhouseCoopers y Ernst & Young, entre otras. En este último caso, el concepto de la licitación era aún más vago: “Acuerdo marco para la selección de los proveedores para la realización de servicios de soporte a las gestión de la información y la comunicación (en adelante TIC), abarcando los ámbitos de definición, seguimiento, control y operación de todos los procesos (…) Estos servicios de soporte es lo que denominamos gobernanza delegada”.

Los expedientes analizados suman 899,7 millones de euros, pero esta cifra podría incrementarse porque solo entre 2010 y 2012, el CTTI adjudicó por la vía del diálogo competitivo cinco grandes encargos por valor de 2.127 millones de euros.

La gestión de este organismo público fue analizada por la Sindicatura de Cuentas de Catalunya en un informe publicado en 2016 y el resultado de la auditoría fue demoledor. Se saldó con 31 recomendaciones sobre cuestiones tan básicas como “definir con mayor detalle y claridad los criterios de adjudicación sujetos a un juicio de valor, y los baremos y sistemas para asignar la correspondiente puntuación”.